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Daño colateral

Actualizado el 20 de junio de 2012 a las 12:00 am

Es vergonzoso que Costa Rica sea el único país en el mundo donde es prohibido investigar

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El desafortunado fallo de la Sala Constitucional que prohibió la investigación clínica en Costa Rica el 27 de enero del 2010 continúa afectando a muchos costarricenses. Cientos de pacientes portadores de cáncer y sida, para los cuales no existen medicamentos aprobados que puedan aliviar o curar sus padecimientos y cuya única esperanza de vida era recibir un medicamento experimental en un ensayo clínico, vieron esfumarse sus esperanzas con ese voto.

El pasado 20 de abril 2012, una de estas pacientes, con una actitud valiente y digna de admiración, elevó su protesta ante la Sala Constitucional, mediante un recurso de amparo, en el que alegó que la falta de reglamentación la estaba privando de su derecho a la salud y, por ende, de su derecho a la vida. El recurso fue declarado con lugar el 9 de mayo del 2012 y se ordenó a la ministra de Salud tomar las medidas necesarias para que la paciente recibiera un tratamiento experimental.

Más de un mes después de emitido el por-tanto del voto, la Sala no ha comunicado aún la sentencia. Tristemente, el tiempo no alcanzó para la paciente, que falleció el 4 de junio del 2012, sin haber tenido la oportunidad de recibir el beneficio de su reclamo. Al igual que ella, muchos otros costarricenses han sido privados de la oportunidad de recibir un medicamento experimental que podría beneficiarlos ¿Cuántos más habrán muerto?

Lo irónico es que la investigación clínica se había llevado a cabo en nuestro país sin problemas por más de 30 años, amparada en la Ley General de Salud y sus reglamentos. Miles de pacientes fueron beneficiados con nuevos medicamentos experimentales a partir de 1974, fecha en que se aprobó esa ley.

Justificó la Sala su proceder, cuando acogió en enero del 2010 el recurso de inconstitucionalidad que había presentado el Lic. José Miguel Corrales Bolaños en mayo del 2003, argumentando que se debía aprobar una ley que regule la investigación pues esta actividad es materia de ley y no puede regularse por vía decreto.

Absurda suspensión. Nadie discute la necesidad de una ley. Sin embargo, este mismo objetivo se hubiera podido lograr sin suspender la investigación. La suspensión fue algo tan absurdo como si, el día de mañana, la Sala encontrara algo inconstitucional en la ley de tránsito y prohibiera la circulación vehicular hasta que se aprobara una nueva ley.

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Siete proyectos de ley sobre este tema han sido presentados a la Asamblea Legislativa en los últimos 12 años. El más reciente de ellos, el proyecto #17.777, Ley Reguladora de Investigación Biomédica, propuesto por los diputados Alicia Fournier, Gloria Bejarano y Luís Antonio Aiza, fue ampliamente discutido en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Más de 30 expertos, académicos y líderes de opinión dieron sus aportes. La Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Salud, la Defensoría de los Habitantes, el Colegio de Médicos y Cirujanos, la Academia Nacional de Medicina, la CCSS y varias instituciones más, expusieron sus puntos de vista, y sus recomendaciones fueron incorporadas al texto.

Finalmente, el proyecto fue aprobado en Comisión con unanimidad de votos el 23 de febrero del 2011. Lamentablemente, al llegar al plenario legislativo, un grupo de diputados, se encargó de obstaculizar el proyecto, aplicándole más de 200 mociones para evitar su aprobación. Para sorpresa de todos, el grupo fue encabezado por una diputada que había votado afirmativamente en Comisión. Y ahí continúa el proyecto, a la espera de una decisión del Primer Poder de la República.

Concluimos este artículo con una vehemente petición a los señores diputados para que reivindiquen a nuestra patria con el mundo científico, aprobando esta ley con carácter de urgencia. Es vergonzoso que Costa Rica sea el único país en el mundo donde es prohibido investigar. Más grave que el ridículo que nuestro país está haciendo a nivel internacional, son las vidas de los pacientes que, como la valiente señora que presentó el recurso de amparo que nos ocupa, están viendo afectada su salud por el vacío legal existente.

Ellos son las víctimas silenciosas, el rostro humano y la tragedia que no se muestra a la opinión pública, cuando por razones ideológicas y políticas se trata de obstruir la aprobación de este proyecto de ley. A los detractores de la ley, quisiéramos preguntarles: ¿Quién se va a responsabilizar por todos los pacientes a los que se les privó de la oportunidad de recibir un medicamento experimental que podría haberles salvado la vida o aliviado sus dolencias? ¿Cuántos pacientes más tienen que morir para que ustedes aprueben una ley de investigación?

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El retroceso medieval que ha sufrido nuestro país requiere de la pronta intervención del legislador para mitigar el grave daño colateral que se está provocando.

Carlos Arrea Baixench. Presidente de la Academia Nacional de Medicina

Alexis Castillo Gutiérrez. Presidente Colegio de Médicos y Cirujano

Elías Jiménez Fonseca. Expresidente de la CCSS y exdirector del Hospital Nacional de Niños

Edgar Mohs Villalta. Exministro de Salud y exdirector del Hospital Nacional de Niños

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