La DIS y la Fiscalía investigaban desde el 2011 a empresario que prestó avión a Laura Chinchilla

Fiscal dijo que la investigación surgió después de que la autoridades colombianas alertaran que Morales aparecía mencionado en una computadora de un narcotraficante en Colombia.

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      Chavarría consideró que los funcionarios de confianza  tienen la misión de proteger a la presidenta también en el ámbito de su privacidad. | ARCHIVO.
Chavarría consideró que los funcionarios de confianza tienen la misión de proteger a la presidenta también en el ámbito de su privacidad. | ARCHIVO. ampliar

San José (Redacción). La Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y la Fiscalía tenían una investigación abierta, desde el 2011, contra Gabriel Morales Fallón, empresario que prestó el jet a la presidenta Laura Chinchilla para realizar el viaje a Perú.

Esto lo confirmó el fiscal General, Jorge Chavarría, quien indicó que los bienes del colombiano, incluido el avión, son aún investigados por las autoridades costarricenses.

Chavarría, dijo que la investigación surgió después de que la autoridades colombianas alertaran que Morales, quien reportaba múltiples salidas y entradas a Costa Rica, aparecía mencionado en una computadora de un narcotraficante en Colombia.

A raíz de esto, la DIS informó a la Fiscalía y esta abrió una investigación contra el sospechoso, según explicó este jueves el jefe del órgano acusador del Estado.

Las primeras publicaciones de la prensa relacionadas con el jet de la petrolera THX prestado a la presidenta, para realizar su viajes a Venezuela y a Perú, alertaron a la DIS. Chavarría mencionó que fue ahí cuando la DIS “se sorprendió de que no le comunicaran” y alertó a la presidenta.

“Lo que está claro es que hubo una falla del personal de comunicación de la presidenta con la DIS. Esta persona altera su identidad. Los funcionarios se confían en el sentido de que no ven nada sospechoso”, aclaró.

Antes de las publicaciones en la prensa, el fiscal dijo que Morales mantenía su actividad normal, sin vinculaciones con ningún funcionario del Gobierno.

“Hay que tomar en cuenta un elemento muy importante: el presidente de la República requiere un ámbito de privacidad suficiente para su vida. Los organismos de seguridad no pueden ser tan invasivos de anular ese ámbito. La presidenta lo que iba a hacer es asistir a una actividad privada y no podía hacer uso de fondos públicos porque cometía un delito, esto crea una presión”, dijo Chavarría.

Pese a esto, Chavarría consideró que los funcionarios de confianza tienen la misión de proteger a la presidenta también en el ámbito de su privacidad.

“Si hubiera sido Barack Obama esto no hubiera ocurrido, porque siempre viaja con un aparato de seguridad. La presidenta tiene que estar pidiendo seguridad al país al que viaja porque no existen las condiciones presupuestarias para que viaje con este aparato”, mencionó el fiscal.

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