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Curvatura del cuadrado

Actualizado el 18 de agosto de 2012 a las 12:00 am

Contamos con pautas superiores normativas que ya marcan el rumbo del país

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Quizás este comentario solo satisfaga mi propia rigurosidad intelectual, pero a mi edad y por mi actividad laboral e investigativa de toda una vida, ello en sí me resulta suficiente motivación. Jorge Vargas Cullell (LaNación, 9/8) proporciona un simpático análisis sobre frases clichés con las que muchos describen, sin sustento o carnita alguna, los problemas del país. Desde 1974 conocí clichés parecidos en manos de muy caros consultores internacionales que los recetaban en todo país. Ello, en gran medida, me movió a buscar y elaborar un marco teórico-conceptual propio y adecuado para reconocer la realidad integral del desarrollo de Costa Rica, marco que me ha permitido constatar todo este tiempo cómo analistas con sistemática presencia pública, omiten en sus diagnósticos ciertos factores jurídicos, sociopolíticos e institucionales que sí explican mejor la naturaleza de nuestro subdesarrollo; más bien, muchos siguen recurriendo a esos clichés de fuentes foráneas como si fueran transplantables.

En la parte en serio de su comentario, pues la hay, Vargas Cullell argumenta que el problema de fondo en Costa Rica es “la incapacidad de solucionar' un estilo de desarrollo económico que moderniza pero promueve la polarización social; una democratización que reparte derechos sin redistribuir el poder político, en manos de un círculo cerrado; una ocupación del territorio que acomoda más población y producción, pero profundiza la depredación insostenible de nuestro patrimonio natural”.

Agrega que entrarle en serio a eso requiere “sacrificio”, y concluye: “Queremos el desarrollo de a gratis: negocio y libertad para mí y que se joda el otro. Es esta multiforme red de intereses creados, que cruza nuestra sociedad de arriba a abajo, y no la falta de voluntad política, lo que explica tanto entrabamiento”.

Por supuesto que es ese “estilacho” que he denunciado año tras años, displicente, improvisador, ayuno de verdadero compromiso intelectual y político, lo que nos distingue en el ejercicio real del poder legítimo aun cuando todos juran –con ceño fruncido pero sin entender o importar las consecuencias de luego hacerlo bien o mal– el cumplir con una Constitución y un sistema de leyes que configuran, precisamente, un modelo-país de Primer Mundo, así como las pautas e instrumentos para bajarlo a tierra, con aporte de todos, en San José y en las regiones de desarrollo. O sea, algo mucho más integral, y de una proyección de larguísimo plazo, que cualquier mero “estilo de desarrollo” por naturaleza subjetivo y aleatorio.

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Dos veces todo este tiempo me han refutado esta tesis principal calificándola de “legalista”; o sea, de “pretender que son las leyes” las que moldean nuestro comportamiento. Sin embargo, hace un par de años el informe Estado de la nación argumentó, sorpresivamente, aunque con mucho tino, que el cumplir con el artículo constitucional 57 sobre salario mínimo eliminaría la pobreza en un elevado porcentaje, lo cual “movió” al Gobierno a prometer que “mejoraría la vigilancia laboral” para bajar ese índice tan significativo (¿se habrá logrado algo?). Pero, mi crítica de fondo a este informe y a todo analista omiso, siempre ha sido que un solo articulito constitucional, u otros vistos individualmente, no “configuran” el modelo de desarrollo integral del país de que siempre hablo.

En el 2009 (IICE-UCR, junio) demostré, sin lograr mayor debate académico o público, aunque sí muchas buenas reacciones privadas, cómo 277 normas constitucionales y legales debidamente sistematizadas y jerarquizadas, permiten tener claro ese modelo país y de desarrollo nacional, y cómo instrumentarlo vía una correcta y también normada dirección y planificación aplicando al mismo tiempo un innegable normado control y rendición de resultados sobre este; y hacerlo, con una obligada y ordenada participación de la sociedad civil en formas que forzarían a adoptar nuevas modalidades de ejercicio del poder político, hoy ciertamente “en manos de un círculo cerrado”, como dice Vargas.

Mi tesis, entiéndame el lector, es que estamos ante pautas superiores normativas que en conjunto marcan el rumbo del país pues harían inevitable, si fuéramos más serios, que todos partieran en sus análisis participativos de problemas y en el diseño de políticas y programas de acción, de un incuestionable equilibrio socioeconómico, o sea solidario, según el unívoco artículo 50 constitucional, apalancado por leyes que permiten, y obligan a, ejercitar un liderazgo político vigoroso y movilizador (casi sin importar “quién llegue” de presidente). Me refiero a leyes como la de planificación nacional de 1974, la LGAP de 1978 en su régimen de dirección política y la de presupuestos públicos del 2001; además de, en lo sustantivo, una ley orgánica del ambiente; un código de niñez y adolescencia, la de Fodesaf y del MTSS; una ley fundamental de educación, de Fodea, etc.

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Desconocer en la praxis cotidiana este marco referencial estupendo y privilegiado, ha impedido reconocer y adoptar –o sea, moldear a plenitud– los valores, modelos, enfoques y pautas de comportamiento que harían posible, serio y sencillo lograr una real articulación de esfuerzos públicos y sociales, mayor transparencia y honestidad, así como solidaridad a partir del obligado equilibrio y contrapeso que hay que lograr entre las políticas posibles y necesarias para promover producción y distribuir riqueza, sin las medias tintas y zonas grises de hoy.

El entrabamiento que Vargas denuncia es producto, a mi juicio, de la falta de honestidad intelectual y sobre todo de voluntad política (así es, don Jorge) de todos los que han influido con más peso –por omisión o acción–, en la orientación del desarrollo errático mostrado durante las últimas cuatro décadas. Hablar en serio sobre los “costos del cambio social deseado” (¿cuál?, insisto) tal y como urge Vargas, exige primero hablar en serio sobre lo que hemos planteado por décadas pues “las resistencias” que él advierte que “serán durísimas”, se han dado y seguirán dándose debido mayormente a esa actitud incomprensible de ignorar la esencial y determinativa condicionalidad que los factores sociopolíticos, jurídicos e institucionales que refiero, tienen sobre esos otros factores que continuarán, de por vida, siendo efecto de estos. Ya no es más el dilema sobre si la gallina o el huevo son “primero”. Tampoco hay que inventar el agua tibia. Los constituyentes de 1949 lo hicieron sin ignorar la historia. Seamos hoy, simplemente, responsables y capaces de entenderlo y actuar consecuentemente. Seamos serios. Todos...

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