Una abundante bibliografia sobre el sistema penal y la (in)seguridad ciudadana muestra que tanto el planteamiento teorico de estos dos temas como las propuestas de solucion en ambos sectores suelen hacerse a partir de afirmaciones o postulados muy a menudo sin sustento empirico o con una base insuficiente e incluso incorrecta.
Por su difusion y aceptacion en las instituciones involucradas y entre la ciudadania, el peligro de tales afirmaciones reside, no solamente en su fuerte impacto sobre el sentimiento de inseguridad y la falta de confianza de gran parte de la poblacion en las instituciones que conforman el sistema penal, sino tambien en su transformacion paulatina en creencias categoricas de dificil alteracion. Una de las afirmaciones mas frecuentes, con estas caracteristicas, se puede resumir asi: gEl crimen organizado se esta apoderando de Costa Rica y, aun mas, de toda Centroamericah.
Sin embargo, la primera dificultad, tanto para un estudio riguroso del crimen organizado como para la toma de decisiones en este sector, es la falta de consenso en torno a la definicion de un termino tan generico y ambiguo. Para Naciones Unidas, por ejemplo, la expresion designa gcualquier grupo de individuos organizados para obtener beneficios por medios ilegales bajo un esquema continuadoh. Resulta evidente que este tipo de definiciones no permite comprender la especificidad de un tema cada vez mas amplio y variado.
Hoy dia, bajo la expresion gcrimen organizadoh se incluyen actividades delictivas, no necesariamente ligadas entre si, tales como el trafico de drogas, armas y seres humanos (inmigracion ilegal, prostitucion, trafico de organos), el contrabando, la corrupcion, el lavado de dinero, los secuestros extorsivos o las muertes gpor encargoh (sicariato).
La segunda dificultad consiste en la determinacion de la magnitud del fenomeno. Por ejemplo, en materia de drogas, pese a la existencia de diversas estimaciones sobre las multimillonarias ganancias obtenidas por algunas organizaciones criminales, los niveles de produccion, transporte, consumo y decomiso de diferentes tipos de drogas o la detencion de personas implicadas en estas actividades, se carece de datos mas amplios y fiables sobre un fenomeno mucho mas complejo que este tipo concreto de actividades.
Ademas, la importancia acordada a los decomisos de drogas -la punta del iceberg- no constituye un indicador valido para la determinacion de la magnitud de este tema especifico, aunque puede serlo con respecto a la ayuda que, para enfrentarlo exitosamente, puedan prestar los servicios de inteligencia (policial, militar) de otros paises, sobre todo Estados Unidos y Colombia.
La tercera, la importancia de mostrar, en materia de drogas, la posible relacion entre las actividades del trafico internacional y diversos problemas gcolateralesh en el plano nacional: su tenencia y consumo, el desarrollo de mercados locales, los recientes incrementos de las tasas de ciertos delitos, como los homicidios dolosos, que pueden deberse a ajustes de cuentas entre carteles o bandas locales, nacionales o internacionales, las agresiones, los robos y las infracciones a la Ley de Psicotropicos.
Pese a las dificultades que acaban de exponerse, el denominado gcrimen organizadoh y una de sus principales manifestaciones -el narcotrafico- suponen una grave amenaza para un Estado democratico de derecho y la gobernabilidad de un pais, entre otras, por las siguientes razones:
Su gran poder de corrupcion y extorsion.
La impunidad de que gozan sus dirigentes y, a menudo, sus miembros.
La utilizacion de la delincuencia comun en numerosas actividades.
La justificacion de las politicas gde mano durah exigidas por ciertos sectores sociales para una glucha sin cuartelh contra este fenomeno.
El escaso control del Estado sobre un fenomeno que se manifiesta en los planos regional e internacional.
El incremento de la violencia y la perdida del control estatal sobre zonas considerables del territorio nacional con un gran impacto negativo sobre la gobernabilidad y su desarrollo, como ocurre, por ejemplo, en barrios enteros de Limon y de San Jose.
Para emprender esta lucha, Costa Rica cuenta, afortunadamente, con importantes y recientes realizaciones e instrumentos, en particular la creacion de un Comisionado Nacional sobre Drogas y la Ley contra la Delincuencia Organizada, promulgada en el 2009, que conviene fortalecer.