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Crímenes en 1981

Corte condena a El Salvador por masacre durante guerra

Actualizado el 11 de diciembre de 2012 a las 12:00 am

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Corte condena a El Salvador por masacre durante guerra

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San José. AFP y EFE. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a El Salvador por la muerte de más de 1.000 campesinos –450 de ellos niños– a manos de los militares en 1981, en la peor masacre perpetrada durante la guerra civil que sufrió ese país centroamericano de 1980 a 1992.

El tribunal, con sede en San José, declaró “por unanimidad que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la propiedad privada” por el caso de El Mozote.

La Corte declaró “responsable al Estado por la violación al derecho a la vida y a los derechos del niño, en razón de las ejecuciones perpetradas” y estableció “que algunas mujeres fueron sometidas a violencia sexual, lo cual violó su derecho a la integridad personal y a la vida privada”, según el fallo.

Tras el fin del conflicto, una Comisión de la Verdad creada por la ONU responsabilizó en 1993 de la matanza a varios militares, algunos de los cuales murieron durante el conflicto armado.

No obstante, la masacre, que conmocionó a la comunidad internacional, quedó impune en virtud de una ley de amnistía de 1993, por lo que los familiares de las víctimas recurrieron al tribunal del Sistema Interamericano.

Como parte de la sentencia, la Corte también condenó al Estado salvadoreño por violación al derecho a la propiedad privada porque “en la operación militar las víctimas fueron despojadas de sus pertenencias, les quemaron sus viviendas y sus cultivos, y mataron a sus animales”.

En total, por los casos comprobados se impusieron indemnizaciones que alcanzan a 17,7 millones de dólares.

A su vez, como medidas de reparación, se ordenó investigar a fondo los hechos, concluir el censo de víctimas –el número exacto se desconoce–, “asegurar” que la ley de amnistía no sea un obstáculo para la investigación, hacer las exhumaciones necesarias, entre otros.

“Es el fallo que esperábamos porque no solo pone fin a 31 años de impunidad, sino que reivindica la memoria de las víctimas”, comentó Wilfredo Medrano, del directorio de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, instancia que respaldó a las víctimas.

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