Contraloría investiga a presidente de Recope por el caso Procesos

Luego de tres meses de investigación, la Contraloría General de la República (CGR) abrió un proceso administrativo contra cinco funcionarios de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) vinculados a la contratación de una consultoría a Procesos Investigación y Asesoría, propiedad de la exasesora de la Presidencia, Flor Isabel Rodríguez.

Así lo confirmó este martes la contralora general, Marta Acosta, quien señaló que luego de un proceso de investigación preliminar, auditores del Área de Investigaciones y Denuncias determinaron que la conducta de estos funcionarios podría haber infringido las normas de contratación administrativa, por lo que enviaron el caso a la División Jurídica de la entidad para que dirija un proceso administrativo.

Entre los funcionarios cuestionados, está el presidente de Recope, Jorge Villalobos Clare, quien confirmó que fue notificado de la apertura del proceso en su contra el pasado lunes.

La investigación de la Contraloría se inició tras una investigación de La Nación reveló que, en un concurso para contratar un asesoramiento de relaciones públicas, Recope invitó a tres empresas vendedoras de materiales de construcción y luego adjudicó el contrato por ¢17 millones a la firma de la exasesora presidencial.

Durante una entrevista telefónica, Villalobos Clare señaló que no se referiría al tema. “Mi abogado me indicó que, en este momento procesal, lo mejor es no hacer declaraciones públicas”, aseveró.

Por su parte, la contralora, Marta Acosta, aclaró que mientras se desarrolla el proceso de defensa y análisis jurídico, los cinco funcionarios continuarán laborando en sus puestos.

Encuentran fallas. La jefa de prensa de la Contraloría, Mariela Azofeifa, señaló que durante estos tres meses los auditores llevaron a cabo una investigación preliminar (IP) y observaron que existían figuras administrativas para anular el contrato inicial y organizar otro ajustado a la normativa, pero, en lugar de eso, Recope continuó el proceso de contratación hasta adjudicar a Procesos.

Los nombres de los cuestionados y los detalles sobre las posibles faltas que estudia la División Jurídica de la CGR no serán de acceso público hasta que finalice el proceso administrativo.

Los funcionarios podrán aportar los elementos que consideren oportunos para su defensa. Al final del proceso, cabe la posibilidad de que el caso no genere consecuencias para los involucrados o que sea elevado al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República o a un juzgado civil.

Indagaciones paralelas La contratación adjudicada por Recope a Procesos generó tres investigaciones paralelas: una en la Procuraduría de la Ética, otra en la Contraloría y una tercera en la Fiscalía.

La primera concluyó que el vicepresidente Luis Liberman; el ministro, Leonardo Garnier; y otros funcionarios violaron principios éticos al firmar cartas de recomendación que la empresa Procesos incorporó en su oferta para obtener la contratación de Recope.

La presidenta, Laura Chinchilla, a quien correspondía decidir sobre las consecuencias del informe de la Procuraduría, no compartió las conclusiones del abogado del Estado y estimó que los funcionarios no incurrieron en faltas éticas.

La tercera investigación la impulsa la Fiscalía de Probidad Transparencia y Anticorrupción que investiga el posible delito de “influencia contra la Hacienda Pública”, que penaliza a los funcionarios que “intervengan, en razón de su cargo, influyan, dirijan o condicionen en cualquier forma, para que se produzca un resultado lesivo a la Hacienda Pública”.