Las indicaciones de la Contraloría surgen de cinco informes, elaborados por el Área de Servicios de Desarrollo Local, que buscaba comprobar el cumplimiento de las acciones determinadas por la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (CNE) y las metas incorporadas en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo (PNGR).
Las medidas preventivas deben estar incluidas en el plan de ordenamiento territorial.
Dos de los municipios no cuentan con el plan de ordenamiento territorial (plan regulador) y los otros tres no han incorporado en dichos planes, los factores de riesgo, ni los índices de fragilidad ambiental.
Entre los aspectos que nombra la Contraloría es el crear estrategias entre los mismos municipios, así como la conformación de comités capacitados para la prevención de desastres.
Según el informe, los municipios cuentan con un plazo de seis meses para atender las disposiciones.