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Constituyente y referéndum

Actualizado el 31 de diciembre de 2008 a las 12:00 am

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Recientemente, se ha debatido sobre la posibilidad de la reforma, parcial o general, a la Constitución Política. Como la mayoría de los interesados, incluyendo al presidente, Dr. Óscar Arias Sánchez, se ha pronunciado por las reformas parciales, me permito sugerir que se retome una iniciativa, discutida en la Constituyente de 1949, relativa al procedimiento para efectuar dichas modificaciones. Allí, se presentó un proyecto que pretendía la consulta a los ciudadanos en todos los casos de reforma parcial a la Constitución. La consulta a los ciudadanos se haría en las siguientes elecciones populares.

La propuesta surgió inicialmente en la Comisión Redactora nombrada por la Junta encabezada por Don José Figueres Ferrer (1948-1949). Según la referida Comisión, es “necesario que las reformas a la Constitución obedezcan a evidentes necesidades nacionales, y que reciban el apoyo tanto de las mayorías que gobiernan como de los ciudadanos que tienen derecho de expresar su criterio al respecto. En esa forma, la Constitución adquirirá la necesaria estabilidad, que garantice el respeto por las instituciones, y podrá adaptarse, mediante los cambios necesarios, a las nuevas situaciones que vaya determinando el progreso del país”. Tal proposición contó con el aval de la Junta Fundadora de la Segunda República. En la Constituyente, la iniciativa fue respaldada por juristas como Fernando Baudrit Solera, Ramón Arroyo Blanco y Juan Rafael Arias Bonilla.

El proyecto en cuestión fue desechado por la Asamblea Constituyente, no obstante su carácter visionario y democrático. El referéndum es un mecanismo de democracia semidirecta que persigue paliar la problemática de la democracia representativa en la que, en muchos casos, la única actividad político-institucional que realizan los ciudadanos es el ejercicio electoral periódico en las urnas, sin que con posterioridad se considere su opinión en aspectos sustanciales de la vida en sociedad. Este instrumento persigue la instauración de un régimen político de democracia intermedia entre la democracia pura o directa y la democracia representativa, mediante el cual, se les consulta y se les pide criterio a los ciudadanos, sin necesidad de que nadie los represente en la adopción de decisiones colectivas fundamentales, como son las enmiendas a la Carta Magna. El problema radica en que el referéndum aprobado recientemente tiene una naturaleza restringida, pues no procede en “materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa”.

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Este instrumento pone en entredicho el buen criterio de los ciudadanos, y es bastante más restrictivo que la propuesta discutida en la Constituyente, pues el referéndum procedía en todo caso de reforma parcial a la Constitución. Además, al efectuarse la consulta popular en las siguientes elecciones, el debate sería más profundo y participativo, y se contaría con la posición razonada de todos los partidos políticos inscritos en la contienda electoral.

Ahora, con un pueblo más maduro, mejor educado, con una ciudadanía con mayor formación y capacitación científica, humanista y tecnológica, que tiene fácil acceso a los medios de comunicación colectiva nacionales e internacionales, y que demanda mayor participación, se torna imprescindible la consulta, vía referéndum, en temas vitales para la vida en sociedad, como son las enmiendas a la Carta Magna.

Asimismo, el país debe transitar, con firmeza y creatividad, en el siempre inacabado camino de la ampliación y profundización de la democracia.

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