EscucharRecientemente, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) acordó someter a consideración de la comunidad universitaria una propuesta de reforma del Estatuto Orgánico. El objetivo de ese proyecto es que una proporción del personal administrativo de la UCR, en propiedad o interino, pueda votar en la Asamblea Plebiscitaria e integrar la Asamblea Colegiada Representativa y la Asamblea de Sede Regional.
Además, todas las jefaturas administrativas podrían participar con voz y voto en las asambleas de Facultad. Finalmente, se crearía una Asamblea Administrativa, compuesta por un representante por cada 25 personas, hasta un máximo de 6 delegados por unidad académica.
Para financiar esta Asamblea, “la Vicerrectoría de Administración destinará los recursos necesarios para cubrir los gastos administrativos y de operación iniciales de la Asamblea Adminis- trativa, hasta que estos queden incorporados en el presupuesto anual” de la UCR.
Administración y poder. Actualmente, el sector administrativo de la UCR dispone de un sindicato y de un representante en el Consejo Universitario para defender sus intereses. Si esta propuesta es aprobada, su poder dentro de la institución se incrementará extraordinariamente, al extremo que podría quedar en la posición de influir decisivamente en el resultado de las elecciones convocadas para escoger a las máximas autoridades universitarias.
Igualmente grave es que, así como en el pasado el sector administrativo logró condiciones –en términos salariales, de oportunidades y de recursos– superiores a las de los docentes (tema que Thelmo Vargas trató en un interesante estudio publicado hace unos veinte años), la actual propuesta está orientada a renovar esas desigualdades.
De ser aprobada, administrativos interinos tendrán acceso a las principales instancias de poder de la UCR, de las cuales los académicos interinos están excluidos.
De no menos importancia, si esta propuesta es aprobada, personas sin la formación necesaria para conocer sobre asuntos académicos y científicos podrán votar en las instancias en que tales asuntos son decididos.
FEES y credibilidad. El año pasado un sector importante de la sociedad costarricense apoyó los esfuerzos emprendidos por las universidades públicas por aumentar sus presupuestos, en el entendido de que los recursos adicionales aportados al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se utilizarían prioritariamente en la mejora de las actividades docentes, de investigación y de acción social, y en incrementar la matrícula de estudiantes de nuevo ingreso.
Ahora, quienes de buena fe apoyaron esos esfuerzos, se enteran de que, si se aprueba la propuesta actualmente en consulta, parte de esos recursos será utilizada para financiar la incorporación del personal administrativo a las principales instancias de poder de la UCR, con todo lo que esto implica en términos de permisos para hacer efectiva su participación. Por si esto fuera poco, parte de esos recursos sería empleada también en financiar un órgano nuevo, la Asamblea Administrativa, que se perfila, por las funciones que se le asignan, como una instancia esencialmente de carácter sindical.
Sea cual fuere el resultado de esta propuesta, el solo hecho de considerar la posibilidad de desviar fondos de actividades académicas básicas para financiar más burocracia, reforzar la posición institucional de los funcionarios administrativos y aumentar la ya excesiva actividad electoral que caracteriza a la UCR, constituye una burla a quienes se identificaron con la lucha por incrementar el FEES y contribuye a debilitar la credibilidad de la UCR.
Estructura de gobierno. Por las razones indicadas, es muy importante que tanto los docentes y estudiantes de la UCR, como la ciudadanía en general, se manifiesten en contra de esta propuesta (pueden hacerlo al correo: consultaseo@cu.ucr.ac.cr ). De ser puesta en práctica, el desarrollo académico de la UCR se vería seriamente comprometido.
En el caso específico de los docentes universitarios, sería oportuno que, además, hubiera un pronunciamiento fuerte contra quienes, mediante propuestas como la aquí analizada, parecen estar interesados en construir plataformas electorales, aun a costa de promover cambios que, en vez de fortalecer a la UCR, conducirían exactamente a lo contrario.
De hecho, los docentes de la UCR deberían ir un paso más allá y empezar a preguntarse si la UCR realmente necesita un Consejo Universitario como el que actualmente existe en la institución o sería preferible avanzar hacia una estructura de gobierno más simple y menos burocratizada onerosa y electoralista, como la que tuvo en el pasado.
