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El directorio del Congreso envió ayer al Ministerio de Salud su propuesta para desalojar tres edificios de la Asamblea Legislativa.
Lo hizo en respuesta a una orden de clausura que emitió el martes el Ministerio de Salud sobre 40 despachos de diputados y oficinas administrativas en los edificios Sion, Castillo Azul y Casa Rosada.
La disposición señalaba que los diputados tenían 24 horas para cumplir con el desalojo. Ese plazo venció ayer a las 2 p. m.; sin embargo, los congresistas presentaron un plan para evacuar las instalaciones de forma paulatina.
Ayer, el presidente de la Asamblea, Luis Gerardo Villanueva, indicó que elaboraron un cronograma para desalojar los edificios en un plazo máximo de un año, en el caso de los despachos de los parlamentarios, pues por ahora no hay dónde ubicarlos.
El congresista agregó que el cronograma lo realizó un equipo técnico de la Asamblea Legislativa, acompañado por especialistas del Ministerio de Salud.
El martes, la ministra de Salud, María Luis Ávila, dio visto bueno al cierre, pocos días después de que la funcionaria se presentó al Congreso, donde los diputados la interpelaron sobre problemas de desabastecimiento de leche en centros de nutrición para niños pobres.
La medida de Ávila fue calificada como una “sacada de clavo” por Luis Fishman, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y otros legisladores.
La presidenta de la República, Laura Chinchilla, declaró ayer que la medida de Ávila es “normal”, pues –en su criterio– los edificios del Congreso no son los únicos en el Estado que se encuentran en condición deficiente.
“A doña María Luisa le piden órdenes de un montón de edificios”, añadió la mandataria.
En tanto, los diputados pretenden alquilar un nuevo edificio, mientras avanza un plan para que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) construya otra sede legislativa con un presupuesto de $96 millones,
