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Confianza en la educación

Actualizado el 25 de octubre de 2012 a las 12:00 am

El Estado debe garantizar lacalidad de la formación universitaria

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La educación pública preuniversitaria, de gran importancia en el pasado, se ha deteriorado al punto de que es un insulto para un ministro de Educación proponerle que eduque a sus hijos en la escuela pública. La clase media hace cualquier sacrificio por pagar centros privados que, en todo caso, resultan mejores que los públicos cuando se miden en pruebas como aprobación en Bachillerato o ingreso a universidades públicas. Excepción resultan ser los colegios científicos.

Desafortunadamente, los ministros de Educación parecen haber estado más interesados en evitar huelgas que en afrontar la calidad y el cierre de brechas entre educación pública y privada, rural y urbana.

En las universidades, ocurre lo contrario: las públicas gozan de prestigio frente a la dudosa calidad de algunas privadas.

Entiendo perfectamente los anhelos por tener una educación superior: 52 universidades privadas tienen 138.000 estudiantes (La Nación, 8-4-2012); comprendo sus esfuerzos por creer que el estudio los hará realizarse y les abrirá oportunidades para vivir mejor: 47% de alumnos de universidades privadas estudia con crédito o trabaja, y 6 de cada 10 asiste a clases de noche (La Nación, 8-4-2012). Pero no pocas veces la formación de excelencia no es más que una falsa quimera y es una responsabilidad del Estado –Conesup– garantizarles a cada estudiante y a la sociedad la calidad de la formación recibida con cada título otorgado.

La realidad no está oculta. El Colegio de Abogados detectó casos de licenciados en Derecho quienes no cursaron materias básicas para ejercer la profesión (La Nación,24-11-2011). Justamente para afrontar la mala formación de abogados, la Corte instauró pruebas para determinar el ingreso de los futuros jueces. Los profesores de Matemática “formados en universidades privadas obtuvieron las notas más bajas en las pruebas de diagnóstico que hizo el Ministerio de Educación Pública” (La Nación, 30-6-2012) y según ha contado el ministro Garnier en la Cátedra Sinaes 2012, muchos no aprobaron los exámenes de bachillerato que deben pasar los estudiantes a quienes enseñan. En otra universidad, se sigue investigación por “trata de personas en la modalidad de explotación laboral” por la obligación de estudiantes de realizar trabajos domésticos a cambio de una beca de estudios (La Nación, 20-6-2012). Existe en las universidades privadas convalidación irregular de asignaturas, irregularidades con títulos de bachillerato y asignaturas faltantes en los currículos (La Nación, 30-9-2012); ilegalmente, reciben estudiantes sin bachillerato que avanzan en sus estudios (La Nación, 5-1-2012).

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Recientemente, la Fiscalía Adjunta de Fraudes allanó una universidad por “supuesta emisión de títulos falsos” (La Nación, 21-9-2012). Bien ha dicho el Dr. Guillermo Vargas que algunas universidades “se han convertido en “fábricas de títulos y estafas” (La Nación, 30-9-2012).

El Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup), órgano que autoriza el funcionamiento, “reconoció que no cuenta con fondos para garantizar que las instituciones cumplan con las condiciones que prometieron al momento de solicitar el permiso”. Y este es el gran problema: están abiertas universidades divinas en el papel, inexistentes en la realidad.

Cuando una universidad se va a abrir, los promotores buscan a personas con doctorados, maestrías y experiencia docente para que presten su currículum y presentarlo ante el Conesup; pero cuando abre, contrata a cualquiera. Si el Conesup simplemente evaluara las condiciones de aprobación con las de operación, bien podría cerrar las que el pueblo bien llama “garajes”. El desafío que afrontamos lo resume en pocas palabras la experta española Gemma Rauret: al escoger la universidad, el alumno debe tener confianza; confianza en la calidad y excelencia de la formación que va a recibir. La misma confianza que debe tener la sociedad al recibir cada uno de esos graduados. Los ineficientes controles del Conesup sobre algunas universidades privadas, afectan el buen nombre de otras yhan permitido una estafa educativa que urge revertir. Hacerlo es tan importante como cerrar la brecha cualitativa entre la educación pública y privada preuniversitarias. No debe haber más tiempo de espera en esta trascendente tarea.

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