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Conductas y sancionesen materia de tránsito

Actualizado el 13 de junio de 2012 a las 12:00 am

La certeza de la sanción, más que su severidad, incide en la disminución de la delincuencia

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Conductas y sancionesen materia de tránsito

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En las últimas semanas, la Sala Constitucional declaró con lugar unas 14 acciones de inconstitucionalidad presentadas contra diversas multas previstas en la ley de tránsito, por considerarlas “desproporcionadas”. Las reacciones, diferentes según su origen y contenido, no se hicieron esperar: con estas decisiones se suprime una herramienta capaz de reducir las numerosas muertes debidas a comportamientos impropios de los conductores (argumento relacionado con el supuesto poder intimidante de las sanciones penales), la necesidad de establecer una “proporción” entre la sanción y el hecho que justifica su aplicación e, incluso, la violación de los derechos humanos implícita en tal desproporción.

Este tipo de enfrentamientos no solo refleja un deficiente planteamiento teórico-jurídico del tema, sino que dificulta la búsqueda de soluciones aceptables para enfrentarlo. Para una mejor comprensión de tales controversias, y antes de abordar los problemas de fondo inherentes al tema concreto del tránsito (objetivo de la legislación penal, fines de la pena, referencia a los derechos humanos), partiremos de la presentación y breve análisis de algunos aspectos del tema, basado en lo publicado en Internet por el MOPT sobre el monto de las sanciones en el actual proyecto de ley de tránsito.

Con base en esa fuente, se observa lo siguiente:

1. Salvo casos muy limitados, la enumeración de las sanciones del proyecto de ley de tránsito (prisión de uno a tres años, decomiso del vehículo y suspensión por dos años de la licencia de conducir a quienes participen en piques y multas que pueden llegar hasta ¢360.000 en los casos de ebriedad y conducta temeraria) parece corresponder, en principio, a la gravedad de las infracciones previstas.

2. Sin embargo, no parece justificada la inclusión en un mismo monto de multa de conductas tan diferentes como, en el caso de una multa de ¢270.000, irrespetar una señal de alto o un semáforo en rojo, no usar el cinturón de seguridad o circular sin marchamo o sin prueba de revisión técnica y, cuando la multa es de ¢180.000, transportar basura y arrojarla a la vía pública, circular con un vehículo en la playa, hablar por celular cuando se conduce y el abuso de un taxista en el cobro.

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3. Tampoco parece justificado añadir, en la gran mayoría de los casos, a la pena de multa la rebaja de puntos. ¿Por qué rebajar, por ejemplo, 20 puntos en casos tan diferentes y de una gravedad relativa como no usar el cinturón de seguridad, circular sin marchamo o prueba de revisión técnica o transportar basura y arrojarla a la vía pública?

4. ¿Por qué recurrir, como criterio técnico para fijar un monto proporcional de las multas, al salario de un auxiliar judicial de un nivel determinado?

I. Problemas previos: objetivo y límites de la ley penal. Conviene recordar ante todo que el objetivo fundamental de la ley penal es asegurar la coexistencia pacífica de los miembros de una comunidad mediante la protección rigurosa de determinados valores o “bienes jurídicos” de particular relevancia (la vida y la integridad física de las personas ocupan un lugar privilegiado en este listado de valores), generalmente inscritos en las constituciones y convenciones internacionales.

Sin embargo, aunque hoy día ninguna sociedad pone en tela de juicio el derecho a castigar (ius puniendi) del Estado, una sociedad democrática suele establecer ciertos límites a tal atribución, sobre todo una intervención mínima (por ser el más negativo y pesimista de los recursos para resolver determinados conflictos sociales, el derecho penal debe ser la ultima ratio para intentar solucionarlos), no estigmatizadora (lo que puede conseguirse mediante el recurso a vías no penales tales como la conciliación o la vía civil) y respetuosa de las garantías fundamentales previstas en las constituciones y las convenciones internacionales.

II. El poder intimidante de la pena. La creencia en el efecto intimidante de las sanciones penales es tan antigua como el mismo sistema penal. Se sanciona, sobre todo, con un objetivo utilitario (para que no se cometa un delito), y la pena se impone por su eficacia. Dos hechos sorprenden, sin embargo, cuando se estudia el tema de los fines de la pena: la bibliografía al respecto es inabarcable y los autores –juristas en su gran mayoría– se placen en la presentación de múltiples subdivisiones de tales fines, así como en el recurso a consideraciones filosóficas y morales para sostenerlos.

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En cambio, son muy escasas las investigaciones empíricas sobre el problema.

¿Qué se sabe hoy día sobre el poder intimidante de las variadas categorías de sanciones y medidas previstas en las legislaciones penales? Numerosos autores afirman que nuestros conocimientos sobre el tema son aún limitados e incluso rudimentarios. Sin embargo, la investigación comparada muestra la existencia de datos importantes para alimentar la reflexión: (1) gracias a la función educadora del derecho penal, potencial creadora de hábitos conformes a la ley y a la convicción de que ciertas conductas punibles serán realmente aplicadas, la intimidación ha tenido resultados más satisfactorios en los países anglosajones y escandinavos, en especial con respecto a las infracciones de tránsito; (2) estos resultados han confirmado, además, la hipótesis, ya enunciada por Beccaria hace dos siglos y medio, según la cual es más bien la certeza de la aplicación de una sanción penal (probabilidad de ser arrestado, enjuiciado, condenado y encarcelado) que su severidad, lo que puede incidir significativamente en la disminución de la delincuencia; y (3) en relación con la importancia de la certeza de la aplicación de la sanción de corte penal, este requisito se refiere esencialmente a los factores, antes enumerados, sobre los que el sistema penal puede incidir, y no, como algunos han sugerido en Costa Rica, a factores de otra naturaleza, tales como el número de policías de Tránsito, el estado de las carreteras o la venta de licor.

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