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Comunicaciones privadas y policía represiva

Actualizado el 03 de diciembre de 2012 a las 12:00 am

La ciudadanía no debe permitir que sus libertades sean socavadas

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La señora presidenta de la República, doña Laura Chinchilla, recién anunció futuras medidas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado que, a mi juicio, se suman a la serie de desaciertos que han caracterizado su gestión presidencial.

Una de estas medidas, según el sitio web oficial de la Presidencia de la República, tiene como finalidad “permitir la participación de la Policía de investigación en la intervención de las comunicaciones en el caso de delitos asociados al narcotráfico y crimen organizado, previa autorización de un juez”. Además, se justifican la supuesta necesidad de estas reformas legales, en que “las escuchas solamente las puede atender un juez que muchas veces no cuenta ni con la preparación ni con el contexto en que se desarrollan las investigaciones policiales, lo que resta efectividad a la lucha contra este tipo de ilícitos”.

Comunicaciones privadas no delictivas. No obstante lo anterior, a pesar de que suena muy atractiva y de mayor practicidad la idea planteada por la señora presidenta, me parece que es muy arriesgada para los intereses comunes de la ciudadanía e irrespeta sus derechos fundamentales.

La razón por la que siempre ha estado bajo la responsabilidad directa de un juez la autorización y la escucha de una comunicación privada no es por simple capricho, sino que ello es así porque estas comunicaciones están tuteladas por el derecho a la intimidad y, por ende, cuando se ordena u autoriza una intervención, se sabe de antemano que habrá un sinfín de comunicaciones que nada tienen que ver con lo que se investiga.

Y por ello debe ser un juez, no un policía, quien sea el que escuche estas conversaciones que forman parte del ámbito de intimidad o privacidad de las personas y tiene la función de discriminar –eso sí con la ayuda de los policías– cuáles son útiles para la investigación y cuáles no.

¿Quién controla a la Policía? Esta labor de escucha y selección en manos exclusivamente de la Policía sería muy peligrosa, ya que dicha entidad es por naturaleza represiva y – consecuentemente – no tiene como uno de sus vértices el deber de imparcialidad, como sí lo tiene un juez.

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Ello acarrearía el riesgo de que se proceda con escuchas y una selección de comunicaciones que se extralimiten en los propósitos de una investigación judicial o que se distorsione esta investigación en virtud del frenesí represivo o punitivista que caracteriza a muchos policías, y que con ello luego se termine involucrando injustamente a personas que nada tienen que ver con delitos de narcotráfico o con el crimen organizado.

Por el contrario, un juez debe ser por disposición legal objetivo, imparcial e independiente. En otros términos, la figura del juez representa una garantía de selección objetiva e imparcial de las comunicaciones útiles a una investigación; es decir, este control que ejerce directamente un juez permite que se elijan comunicaciones que pueden ser incriminatorias de un delito o, incluso, excluyentes de la eventual responsabilidad penal de personas que son objeto de una investigación.

Y es que una persona investigada no significa jamás que sea partícipe o autora de un delito; de manera tal que corroborar o descartar esa posibilidad es el objetivo o fin esencial de una intervención telefónica o de otro tipo de comunicación privada.

Por ello la escucha y selección deben estar en manos de un juez objetivo, imparcial e independiente.

Hoy día la intervención de las comunicaciones privadas dependen de la autorización fundada de un juez y, además, la escucha, el control y la selección también las realiza el juez; sin embargo, los propulsores del cambio pretenden que solo la autorización recaiga o quede en manos del juez y el resto sea labor de la policía.

No sería extraño que, abierto el anterior portillo, en el futuro y buscando una mayor practicidad, se pretenda también que la autorización esté plenamente en manos de la policía judicial; y –sin exagerar– que luego esta potestad la asuma hasta la fuerza pública y, posteriormente, que recaiga hasta en el guachiman del barrio.

Los ciudadanos no debemos permitir que nuestras libertades y garantías sean socavadas con la falaz excusa de mejorar o ser más eficientes en la persecución penal, porque lo que realmente estamos entregándole al Estado (nuestra intimidad) es necesaria para el desarrollo de la personalidad individual en cualquier sociedad.

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Para afrontar el narcotráfico y el crimen organizado de forma eficaz el Estado debería pensar en invertir en otros ámbitos (más personal policial, mejor capacitación, nuevas tecnologías, etc.); y no recurrir a la vía del desbaratamiento de las libertades y garantías ciudadanas, como lamentablemente suele proceder sin que la gente se dé cuenta o dimensione la gravedad de esas medidas.

Lo que se estaría perdiendo con la propuesta de la residenta es, nada más y nada menos, que el control judicial de nuestras comunicaciones privadas. Y los órganos represivos del Estado jamás pueden garantizarnos un uso absolutamente racionado o limitado de esas comunicaciones, que bien podrían filtrarse a terceras personas con fines maledicentes y hasta ser utilizadas con fines politiqueros, lo cual no sucedería –o al menos el riesgo se disminuye al mínimo– si estas escuchas se mantienen bajo el control pleno por parte de un juez.

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