La Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó ayer, por unanimidad, el impuesto anual de $200 (unos ¢101.000, actualmente) a las sociedades anónimas inscritas en el Registro de la Propiedad.
El proyecto –denominado “Impuesto a las Personas Jurídicas”– ingresó a la Asamblea Legislativa en agosto del 2006 y el monto recaudado se destinará al Ministerio de Seguridad Pública.
La propuesta inicial del Ministerio de Hacienda establecía un tributo de $200, luego se aumentó a $300, y ayer se volvió a bajar a $200.
El texto exonera del impuesto a las pequeñas y medianas empresas inscritas ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
Además, establece que será el Registro Nacional el encargado de recaudar dicho gravamen.
Este es el segundo proyecto tributario que dictamina dicha comisión en menos de un mes.
En nuestro país, comentó, estas sociedades se han usado para comprar casas y carros que se pueden pasar de propiedad por medio del traspaso de las acciones, sin pagar impuestos.
Saborío opinó que el tributo tiene dos ventajas: es de cobro sencillo y, además, va a racionalizar el número de sociedades.
Una opinión muy similar expresó el diputado Guillermo Zúñiga, presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios y exministro de Hacienda.
“Creo que no solo ayudaremos a limpiar el registro de sociedades, combatiendo de esta forma la elusión, sino que, además, contribuiremos a que el país pueda, con recursos frescos, darse a la tarea de enfrentar con mayores recursos los graves problemas de inseguridad que nos aquejan”, señaló el legislador en un comunicado enviado por su despacho.
“Según respuesta suscrita por el Ministerio de Hacienda al presidente de Hacendarios, con el impuesto que se fijó en $200 y las exoneraciones aprobadas, se estima recaudar anualmente unos $100,3 millones”, señala el documento.
Este monto representa casi la tercera parte de los recursos que tiene presupuestados el Ministerio de Seguridad Pública para el año 2011, por un total aproximado de ¢158.000 millones.
Ayer se intentó conversar con Zúñiga y con alguna autoridad del Ministerio de Hacienda sobre la posibilidad de que el monto recaudado por este tributo realmente llegue a los programas de seguridad.
En el país, los impuestos con destino específico han tenido dificultades para que los recursos se destinen a las obras señaladas en las leyes.
Un ejemplo es el caso del impuesto solidario, cuyo dinero, dos años después de su creación en noviembre del 2008, todavía no ha llegado a los beneficiarios.