Chinchilla: finiquito con Riteve era solo ‘una opción’

Finiquitar la relación con la empresa Riteve no era una decisión, era solo “una de varias opciones”, quiso aclarar ayer la presidenta Laura Chinchilla.

Atrás quedó la intención de acabar el servicio monopolístico de revisión de todos los carros del país, como planteaba Chinchilla en campaña política.

También quedó en el pasado el compromiso adquirido por el Gobierno cuando, a las puertas de asumir funciones, firmó el acuerdo de comunicar a la empresa española “la decisión de no renovar” el contrato que vencerá el 15 de julio.

Análisis legales, financieros y técnicos borraron todas esas intenciones, explicó ayer Chinchilla, tres días después de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunciara la decisión definitiva de renovar el contrato.

Riteve SyC tiene garantizados otros 10 años de servicio exclusivo en sus 13 estaciones instaladas en todo el país.

“No hubo cambio de opinión. Siempre se anunció una apertura a considerar entre varias opciones, siempre y cuando la voluntad política se pudiese sustentar en criterios jurídicos, técnicos y financieros. Después de analizar esto, se decidió seguir por 10 años más”, respondió ayer cuando una periodista le recordó sus intenciones de acabar con el monopolio de Riteve.

El 5 de enero del 2010, la entonces candidata consideró “necesario” contar con varios proveedores del servicio de revisión técnica obligatoria de vehículos. Lo mismo opinaban los otros tres aspirantes presidenciales principales.

“¿Decisión?”. Cuando ella ganó los comicios, decidió aliarse con el Movimiento Libertario (ML) en torno a varios temas, entre los cuales estaba la polémica Riteve. El 29 de abril presentaron ambos un “pacto de gobernabilidad” en un acto con la presencia de Chinchilla y el líder libertario, Otto Guevara.

“El Poder Ejecutivo enviará en el mes de mayo del 2010 una comunicación a la empresa RTV informándole de la decisión de someter dicho servicio a un proceso licitatorio, con el objetivo de que sea adjudicado entre varios oferentes”, se lee en el texto que firmó Marco Vargas, entonces ministro designado de la Presidencia.

Ese pacto duró poco. Seis meses después, el Movimiento Libertario y el Gobierno dejaron sin efecto el acuerdo y muchos de los compromisos murieron en el papel.

La idea de acabar con el monopolio, sin embargo, siguió rondando los pasillos políticos y aún el jueves pasado el viceministro de Transportes, Rodrigo Rivera, manifestaba la intención de diversificar el servicio.

Un día después se aplicaron los criterios técnicos y jurídicos que, según Chinchilla, resultaron imperantes y entonces se anunció la prorrogación del contrato con Riteve.

Una de las consideraciones mayores era el riesgo de que el Estado enfrentara un arbitraje internacional por $350 millones.

La empresa alega que se debe valorar la inversión millonaria en equipo e instalaciones. Por ejemplo, destinó $23 millones a ello desde que se concretó la relación con el Estado, durante el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez.

En la administración de Abel Pacheco comenzó a revisar todos los vehículos del país, a pesar de intensas protestas callejeras a comienzos del cuatrienio.

Con Óscar Arias como mandatario ya se hablaba de varios oferentes, pero el costo de romper el contrato frenó los intentos.