Varios casos han salpicado además a religiosos, algunos de ellos muy influyentes y conocidos en el país, lo cual condujo a la Conferencia Episcopal a implementar un protocolo de actuación frente a las nuevas denuncias.
La más reciente se conoció el viernes anterior, cuando la Iglesia católica anunció la apertura de una investigación canónica y la separación de sus funciones de un sacerdote de El Pequeño Cottolengo, una institución de beneficencia.
Según el ministerio público, en el primer semestre del 2012 hubo un repunte del 22% en el número de denuncias por abusos sexuales contra menores de 14 años en comparación con el 2011. Además, la fiscalía investiga por este tipo de delitos a 120 colegios en Santiago.
Tras las últimas denuncias, el presidente Sebastián Piñera anunció un paquete de diez medidas entre las que figura el endurecimiento de penas y la apertura de un registro nacional de pederastas que quedarán inhabilitados para trabajar en el futuro junto a niños.
Esta semana se divulgó también una denuncia contra un sacerdote de origen irlandés, quien fue suspendido de sus labores como asesor espiritual del Colegio Cumbres en el acomodado sector de Las Condes localizado en la capital.
A ese colegio acuden los hijos de importantes figuras de la clase empresarial y política.
Según un registro de la Iglesia, hasta ahora once sacerdotes y un diácono han sido condenados por la justicia penal chilena debido a delitos graves contra menores, mientras que otros siete han recibido sentencia canónica.
El presidente de la Asociación Metropolitana de Padres, Madres y Apoderados, Eduardo Catalán, cree que estos casos han tenido mayor repercusión porque han afectado a familias de altos estratos.
“Sabemos que si este último brote de violencia de abuso sexual no hubiese sido en un sector alto de la sociedad, no habría tenido el mismo impacto que en sectores más pobres del país”, enfatizó.
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