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Censura previa

Actualizado el 17 de marzo de 2013 a las 12:00 am

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La Licda. Alexandra Loría Beeche, de la Asociación para la Educación y Difusión de la Bioética, insiste en considerar violada la libertad de expresión del Dr. Jokin de Irala, conferencista invitado al congreso celebrado por su organización en San José.

El polémico médico español se inhibió de explicar sus ideas sobre la “cura” de la homosexualidad, criticadas por las más prestigiosas asociaciones de psiquiatría y salud pública del mundo, pues, en su criterio, C. R. no ofrece las garantías para expresarse con libertad.

La Licda. Loría es más específica y atribuye el desafuero a la Sala Constitucional, cuya sentencia dejó sin efecto la declaratoria de interés público otorgada al congreso de bioética por el Gobierno de la República. El comunicado de prensa por cuyo medio el Poder Judicial difundió el fallo señala que “Costa Rica se rige por la prohibición de la censura previa y la regla de la responsabilidad ulterior”.

La Licda. Loría entiende la frase como una amenaza. En su criterio, se trata de una advertencia del Poder Judicial para recordar al médico que, “aunque tiene libertad de expresión, sí le pueden exigir responsabilidad después de dar su conferencia”.

“Eso es censura previa, aquí y en cualquier parte del mundo”, concluye la abogada. Pues no. El establecimiento de responsabilidades ulteriores es, precisamente, el fundamento de la prohibición de la censura previa. Hay discusión sobre la naturaleza y alcances de esas responsabilidades, pero nadie cuestiona la necesidad de su existencia. Hacerlo implicaría abogar por la erradicación del resguardo otorgado a otros derechos de similar rango, como el honor.

No hacía falta una advertencia de la Sala IV para informar al Dr. De Irala sobre la existencia de responsabilidades ulteriores. Basta leer el artículo 29 de la Constitución Política: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca”.

En el mismo sentido se expresa el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos cuando dispone que la libertad de expresión no puede estar sujeta a previa censura, sino a “responsabilidades ulteriores”.

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La frase se repite en los textos fundamentales de los Estados democráticos y en los tratados internacionales para la protección de los derechos humanos. Expresa la más importante garantía de la libertad de expresión, no una amenaza a su ejercicio. La anulación de la declaratoria de interés público en nada se relaciona con el respeto debido a ese derecho fundamental.

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Armando González R.

agonzalez@nacion.com

Editor General Grupo Nación

Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad ...

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