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Clave Fiscal

Carlos Camacho: Registro de accionistas

Actualizado el 09 de mayo de 2016 a las 12:00 am

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Según el texto del proyecto de Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, el custodio de la información, sea el guarda de los servidores informáticos, será el Banco Central de Costa Rica (BCCR), quien al momento no ha expresado posición alguna.

El motivo para “entregarle las llaves del reino” al Banco, es su credibilidad por parte de la comunidad nacional, en particular ganada por pretéritos banqueros centrales, que coincidirían conmigo en que la función de último ratio del Banco es ser la caja de la custodia de servidores.

En concreto, el Banco Central será el responsable nominal de la información, funcionando como un “data center”, pero el acceso a la información sólo la tendrán los funcionarios de Tributación y los del ICD (Instituto de Control de Drogas). Esto crearía un curioso sistema de sanciones a funcionarios que no podrán acceder a la información, como lo son los empleados del mismo Banco Central.

A la vez en virtud de los principios generales de derecho sancionador, en particular en el sector público, indudablemente una norma especial y cerrada como ésta no permitiría sancionar a quien sin ser participe facilite el acceso de la información y no cumpla con la condición subjetiva.

Por ejemplo un funcionario público de otra institución distinta a las mencionadas en el proyecto de ley.

Es curioso, que existiendo normas vigentes sobre el beneficiario último de una sociedad, los diputados se dedicaran a redefinir la rueda con ocurrencias convenientes para algunos.

Es evidente que hay un clima de desconfianza denotado en la norma respecto a la Administración Tributaria.

La pregunta de fondo es ¿qué papel de custodia efectiva tendrá el Banco Central, que no tendrá acceso alguno a la información, ni será filtro garante de la existencia de un motivo válido para conocer el beneficiario último de la sociedad domiciliada?

Se deben establecer los controles en el Banco Central para que con criterios predeterminados en la ley y no casuísticos, tenga claras las reglas de traslado de la información de manera segura a la Administración Tributaria, para que esto no acabe siendo, como lo será, una mampara de la que el peor librado será el propio Banco Central, a quien le ha faltado vocero que le defienda su bien ganada reputación.

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