El ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Castillo, dijo que el país no recibirá a ninguna delegación de la Corte Centroamericana de Justicia, que pretenda inspeccionar la carretera que se construye paralela al río San Juan.
“No les vamos a permitir que vengan a hacer aquí ningún acto jurisdiccional, no tienen ninguna competencia para venir aquí, incluso les podemos negar la visa para que entren o negarles la entrada al país”, dijo Castillo.
El canciller respondió así ante la posibilidad de que un grupo de la corte regional visite nuestro país el próximo 12 de enero.
La Corte Centroamericana de Justicia, a la que Costa Rica no está adscrita, acogió una demanda contra el Estado costarricense por la construcción de una carretera de 160 kilómetros en la margen sur del río San Juan.
La acusación fue presentada por la Fundación Nicaraguense de Desarrollo Sostenible y el Fondo Nacional de Reciclaje, dos organizaciones no gubernamentales del país vecino que señalan supuestos daños ambientales en las zonas aledañas y en el cauce del río.
La nueva vía de lastre se extiende desde Delta Costa Rica hasta el poblado de Los Chiles. El proyecto incluye la rehabilitación de 300 kilómetros adicionales de rutas de acceso y la interconexión de 20 poblados donde viven 2.500 familias.
Castillo dijo que el país aún no ha sido notificado por parte de la Corte y que tampoco recibirán ningún documento al respecto.
La Corte “es totalmente ajena a Costa Rica, Costa Rica nunca ha ratificado la adhesión a la Corte, no reconoce la competencia de la Corte, por consiguiente la Corte no tiene nada que hacer en Costa Rica”, reiteró el canciller con vehemencia tras el Consejo de Gobierno.
Según explicó, aunque Costa Rica firmó adhesiones a sistemas de integración centroamericana, nunca ratificó en la Asamblea Legislativa su respaldo a la Corte Centroamericana de Justicia.
Agregó que lo dispuesto por ese tribunal no es vinculante para Costa Rica, como sí ocurrirá cuando se pronuncie la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda.
Esta no es la única denuncia contra la carretera, dos organizaciones costarricenses recurrieron ante la Sala IV para quejarse por la falta de facilidades para personas con discapacidad.