El ente contralor realizó el estudio a petición de la Comisión Investigadora de la CCSS de la Asamblea Legislativa.
Entre lo estudiado se encontró que pese a ser compras urgentes, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) concedió prórrogas a los proveedores, y que incluso pagó sobreprecios con el fin de obtener medicamentos de manera más expedita.
En cuanto a los trámites de esas adquisiciones, no hay registros que justifiquen las compras, así como la ausencia de sanciones a funcionarios.
Por ese motivo, la CGR envió al Ministerio Público 11 expedientes para “en donde podría existir responsabilidad de índole penal”.
Sobre el tema, la Caja informó de que ya han variado la estructura y procedimientos de compra.