El reciente informe de la OPS sobre la CCSS refleja su crisis. No es la primera vez que en la prensa se denuncian los problemas, ni que una comisión indaga al respecto con similares resultados. Solamente que, esta vez, por tratarse de un organismo de cooperación técnica, podría tener un positivo impacto en la parte política y el apoyo de la cooperación financiera para dar solución a los problemas estructurales que se reflejan y ante los cuales los jerarcas institucionales se vieron obligados al menos a reconocer públicamente.
La crisis –documentada y evidenciada– convoca realmente a cambios en el sistema de seguros sociales (atención de enfermedad), en el sistema de (promoción de la) salud, y en (la fortaleza) del régimen de pensiones de la CCSS. En todos, resulta clave el recurso humano: formación, capacitación, motivación, gestión y desempeño (evaluación de resultados); planificación, contratación.
En cuanto a la atención, el modelo de la CCSS es biologicista, médico-céntrico y curativo. Del otro lado, el Ministerio de Salud tampoco realiza promoción de la salud, prevención ni programas de atención primaria que incidan directamente en cambio de actitudes y conductas (“educación en salud”). El reto sigue siendo la salud integral; el ideal, una población sana, no enferma ni hospitalizada.
En cuanto al financiamiento, la Contraloría General, al restringir el concepto de “asegurados por cuenta del Estado” a la población bajo la línea de pobreza “registrada” en los sistemas de información de la CCSS, minó la solidaridad estatal y acabó con las metas de la universalización del seguro social; esto debe revertirse (¿acción de inconstitucionalidad?). Asimismo, es inadmisible que la CCSS siga sin cobrar los costos de las atenciones de pacientes por los cuales el INS (y pronto las aseguradoras privadas) cobran las pólizas (riesgos laborales y accidentes de tránsito).
Apunta el informe de la OPS el desafío de “una asignación más eficiente y costo-efectiva de los siempre limitados recursos disponibles por la economía, estableciendo guías y protocolos clínicos de cumplimiento efectivo; listados terapéuticos basados en evidencia, e incluso tiempos razonables de accesibilidad a determinados servicios”. Asimismo, señala posibles lineamientos y acciones que plantean una obligada agenda de trabajo, es decir, de análisis y búsqueda de soluciones permanentes y efectivas.
Finalmente, tras la salida de la Dra. Avila del Ministerio de Salud porque no pudo “intervenir” ni “ejercer la rectoría” en la CCSS, es pertinente definir el papel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, desdibujado con el paso de los años en cuanto a su relación con la Caja Costarricense de Seguro Social, y el rol del Ministerio de Salud frente a la institución pública que –mayoritariamente– atiende la enfermedad en todo el país (IAFA y otros entes especializados, coadyuvan, o al menos deberían hacerlo).
Ojalá que la preocupación y alarma inicial generadas por el informe técnico de OPS no sea “flor de un día”, y en esta ocasión, los jerarcas de la CCSS si asuman su responsabilidad y afronten certeramente los problemas estructurales cuya permanencia liquidaría el sistema de seguridad social. Es ese un informe para tener sobre la mesa: plan de trabajo, razón para actuar con urgencia y pertinencia; ¡no un informe para el archivo y el olvido!
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