El embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, Pablo Solón, que representa a su país en la negociación sobre el cambio climático, aseguró que los países desarrollados "lejos de haber registrado un decrecimiento de las emisiones ha tenido un incremento entre 1990 y 2008".
Sin embargo, con el Protocolo de Kioto -un instrumento legal internacional creado en 1997 y ratificado por 192 países que entró en vigor en 2005- los países desarrollados se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un promedio de 5,2% en el periodo 2008-2012 respecto al nivel de 1990.
"Bolivia conjuntamente con otros países en vías de desarrollo consideramos que tenemos que explorar el mecanismo de llevar a los países desarrollados que están incumpliendo su compromiso ante la Corte Internacional de Justicia", aseguró Solón.
"Si esta situación continúa Bolivia dará el paso a nivel legal porque eso es lo que corresponde, recurriendo a las instancias internacionales vigentes", agregó.
De llevarse a cabo, esta medida no se aplicaría no obstante a los países que como Estados Unidos no reconocen la jurisdicción de la CIJ.
Bolivia promueve asimismo la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, para juzgar a las naciones que con su "irresponsabilidad climática" causen muertes humanas y daños irreparables al planeta.
"Los gobiernos que juegan irresponsablemente en una negociación tienen que ser pasibles de sanción, porque las consecuencias de una negociación infructuosa van a ser millones de vidas humanas", aseguró el negociador boliviano.
"Estamos ante el surgimiento de nuevo delito, el 'ecocidio', porque no sólo tendremos vidas humanas que se perderán sino vida, biodiversidad, naturaleza, que se perderá, por esta irresponsabilidad en la que se está entrando en estas negociaciones", afirmó.
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