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| JULIANA BARQUERO (Juliana Barquero A.)
El ministro insiste en sus palabras y deja latente la idea de que lo que diga la Corte Suprema de Justicia no es santa palabra. El Gobierno apela a su potestad política más que jurídica al vetar la idea de regular las huelgas en servicios esenciales. Considera que es inconveniente para la población, pero ¿cuáles son esos? El ministro incluye aquí hasta los portuarios. Espera que los sindicatos cedan, porque en Zapote la decisión es definitiva
El ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, relativizó ayer la importancia del criterio de la Corte Suprema de Justicia en el proyecto de reforma laboral que fue vetado por la presidenta Laura Chinchilla.
El plan regulaba las huelgas en servicios esenciales e impedía al Gobierno contratar personal sustituto durante un movimiento de protesta, pero el Ejecutivo lo cree inconveniente, pese a que fue aprobado por diputados de todas las fracciones, incluso la del PLN.
Estas son sus palabras tras conocerse que los artículos vetados fueron obra de la Corte Suprema, como publicó este diario.
Entonces, ¿se equivocó la Corte Suprema de Justicia?
La responsabilidad de velar porque en las leyes no venga nada inconveniente es de mucha gente. La Corte ha participado, los diputados deben hacer su trabajo y nosotros como Ejecutivo también.
¿ Y el trabajo de ustedes fue señalar los errores de otros?
Creemos que es inconstitucional, pero lo hemos vetado también porque lo consideramos altamente inconveniente. No está bien que se amarren las manos al Gobierno al contratar personal durante una huelga o establecer la posibilidad de huelga en servicios esenciales. La Constitución Política da al Ejecutivo la potestad de vetar lo que considera que lesiona los intereses de la ciudadanía y así ha sido en este caso.
¿El que viniera de la Corte hizo que el proyecto pasara como enjabonado por el Congreso?
Es posible que generara más confianza. La Corte es una institución que apreciamos mucho, pero puede cometer errores y que en este caso hay consideraciones de orden político, como si conviene la huelga de policías, hospitales o controladores aéreos, que corresponde a los políticos. Es una consideración de orden político, más allá de lo inconstitucional.
¿En qué momento se dieron cuenta de eso?
Poco antes del segundo debate. Hubo unas conversaciones que tuvimos con gente de la Procuraduría General de la República; vinieron a la mesa comentarios sobre el tema y comenzamos a preocuparnos. Conversamos con algunos diputados de la posibilidad de ejercer el derecho al veto.
¿Lo hacen sabiendo que la opinión pública rechaza la idea de ampliar derechos sindicales?
Nosotros lo hacemos por responsabilidad con el país. Esta ley entra en vigencia dentro de 18 meses cuando este gobierno ya no estará, pero es un tema de responsabilidad con el país. No es posible admitir que la gente sufra un menoscabo en servicios esenciales.
¿Los puertos son servicios esenciales?
A mi juicio, sí. La importación de productos perecederos es un servicio esencial, al igual que la exportación e importación de productos que afecten la salud. Hacer una lista taxativa e inmodificable de servicios esenciales es muy difícil, pero creo, sin dudas, de que aquellos que afectan la vida, la salud, la seguridad y la economía deben serlo.
¿Ya están del todo decididos con esa posición? ¿No hay negociación posible?
En eso consiste el veto. Los señores diputados pueden resellar y mantener su posición o modificarla a tono con lo que hemos dicho.
¿Ya adelantaron contactos con sus diputados?
Sí, y con gente de otras fracciones. Espero que atiendan. No he escuchado un solo diputado defendiendo una huelga en servicios quirúrgicos o defendiendo una huelga en hospitales o en Bomberos. Pero, bueno, siempre hay posibilidad de sorprendernos.
¿Hubo descuido con este proyecto, aprobado incluso por el ahora ministro Francisco Chacón?
Las bondades de la mayoría del proyecto hicieron que se tramitara así, pero el sistema democrático ha funcionado al ejercer aquí el veto.
¿Hubo, entonces, ligereza?
No. Me parece que en su momento no se dimensionaron los efectos de dar oportunidad de huelga a los servicios esenciales. Se atenuó bajo el argumento de que se establecía un plan de servicios mínimos. Pero en el Ejecutivo diferimos: creemos que los servicios esenciales no pueden brindarse en porcentajes ni en mínimos.
Esto los va a enfrentar a sindicatos. ¿Es este un punto de quiebre?
Espero que no sea así y que más bien unamos esfuerzos.
Pero Albino Vargas dijo que'
Siempre hay representantes que suelen ser altisonantes ante los suyos, pero espero nos pongamos de acuerdo quitándole al proyecto esos dos lunares que, para el Gobierno, son inaceptables.
