La Asociación Consumidores de Costa Rica presentó ayer una solicitud de una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso-Administrativo Civil de Hacienda, la cual consiste en la suspensión del cobro del marchamo.
Erick Ulate, presidente de la Asociación, explicó que, en su criterio, el método que utilizó la Dirección General de Tributación para definir el valor fiscal de los autos, y que es aplicado para definir el impuesto a la propiedad de vehículos en el marchamo, es incorrecto.
Carlos Vargas, director general de Tributación, había explicado que para determinar dichos valores realizaron una investigación que abarcó una muestra de 524 vehículos, con antiguedad de entre 1 año y hasta 21 años, nuevos y usados, de todas las marcas.
Para ello investigaron en sitios de Internet en que se ofertan vehículos, avisos económicos en diarios nacionales, importadores o ventas de vehículos nuevos y usados y ofertas de tipo individual.
Ulate consideró que se debió investigar en el campo para ver el estado de los autos, pues “¿cómo sabe Hacienda si el vehículo que ve por Internet no está hecho chatarra?”, cuestionó.
Vargas señaló ayer que ellos utilizaron varias fuentes y consultaron a empresas de autos nuevos y usados. Además, añadió, se apegaron a lo que señala la ley.