EscucharLos diputados aprobaron anoche, de manera repentina, la nueva ley de tránsito con multas de casi la mitad de los montos que han sido anulados por la Sala Constitucional por “desproporcionados”.
Con 37 votos a favor y dos en contra los legisladores dieron el aval en primer debate, pero antes de aprobarla de manera definitiva enviarán el proyecto a la Sala IV para que se pronuncie sobre las multas.
La sanción económica más alta es de ¢280.000 y se aplicará a quienes conduzcan a más de 120 kilómetros por hora, con licencia vencida o suspendida y para quien adelante de manera indebida. También para quien invada el carril contrario y quien haga giros en “U”.
Con ¢189.000 se penalizará a quienes lleven sus niños sin silla adecuada, los que irrespeten un “alto” o un semáforo o alteren la placa del vehículo, según comunicados emitidos anoche.
El límite de alcohol quedó diferenciado para los que trabajan como choferes y los que no. En el primer caso, el castigo es de ¢280.000 a partir de 0,2 gramos de alcohol por cada litro de sangre y hasta tres años de cárcel si es más de 0,5.
Quienes no tienen como trabajo ser chofer, la multa rige si tiene 0,5 gramos de alcohol y se expone a la cárcel si tiene más de 0,75 gramos de alcohol por cada litro de sangre.
Con estas sanciones los legisladores pretenden evitar que sigan creciendo los accidentes de tránsito y las muertes en carreteras, pues los índices han aumentado desde que la Sala IV objetó la aplicación de varias multas fijadas en la ley del 2008, según el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
La directora del Cosevi, Silvia Bolaños, dijo el lunes que una de las razones del aumento de incidentes es la anulación de varias multas por parte de la Sala IV, aún es algo que “no se puede probar del todo”.
El Cosevi también requiere el dinero procedente de estas sanciones para financiar su operación. Son ¢5.000 millones anuales los que el Estado deja de recibir, según dijo la presidenta Laura Chinchilla esta semana, en la inauguración de la Semana de la Seguridad Vial.
Ahí la presidenta urgió a los diputados a aprobar la nueva ley y estos parecen haberla escuchado.
En una reunión de hace varios días, acordaron retirar una serie de mociones que cada uno tenía elaboradas y que provocaban el bloqueo.
También fue determinante el hecho de que el Gobierno anunciara la renovación del contrato con la empresa Riteve para inspección de carros por 10 años. Así, este tema polémico quedó fuera de la discusión y permitió avanzar, según el diputado Luis Fishman, del PUSC.
Poco después de la votación, Silvia Bolaños manifestó su agrado y optimismo. “Sabemos que se van a dar cuestionamientos de inconstitucionalidad, pero ahora esperamos que la Sala sepa valorar el trabajo que se hizo en esta reforma”.
Hasta hace dos semanas, el diputado Carlos Avendaño (Restauración Nal.) era uno de los más reacios a votar esta ley, pero negociaciones recientes lo hicieron transigir y pedir que se aprobara antes de las vacaciones de medio periodo.
