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Plan superó primer debate en la Asamblea e irá a consulta en Sala IV

Aprobada ley que permite jubilarse cinco años antes

Actualizado el 17 de septiembre de 2011 a las 12:00 am

Iniciativa faculta al servidor a adelantar cuotas para retirarse de forma anticipada

Proyecto autoriza a entidades públicas a pagar las cuotas de los burócratas

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Aprobada ley que permite jubilarse cinco años antes

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                         El diputado del Frente Amplio, José María Villalta (izq.), y el diputado del PASE, Víctor Emilio Granados, impulsaron el plan de jubilación anticipada. Ahora será la Sala IV la que defina si el plan es constitucional  o no. | ARCHIVO
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El diputado del Frente Amplio, José María Villalta (izq.), y el diputado del PASE, Víctor Emilio Granados, impulsaron el plan de jubilación anticipada. Ahora será la Sala IV la que defina si el plan es constitucional o no. | ARCHIVO

Un proyecto de ley que permitiría a los trabajadores públicos y privados adelantar cinco años su jubilación dio un paso en firme tras superar el primero de dos debates en la Asamblea Legislativa.

Dicha iniciativa recibió, el miércoles, el voto de 13 de los 19 diputados que integran la Comisión Legislativa Plena Primera.

El proyecto lo impulsó el Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y contó con el apoyo de congresistas de Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Movimiento Libertario y Unidad Social Cristiana (PUSC).

De recibir el segundo debate, el plan pasaría a ser ley y los trabajadores que puedan podrán adelantar su jubilación, siempre y cuando paguen por adelantado las últimas 60 cuotas a su régimen.

El costo de anticipar cuotas es alto, advirtió la CCSS. Una persona que gana ¢160.000 y quiere recibir una pensión de ¢100.000 debe adelantar ¢7,2 millones. Una que devenga ¢200.000 y desea ¢125.000 al mes, debe aportar ¢9 millones.

Un trabajador con un sueldo de ¢300.000 debe hacer un avance de ¢13,6 millones para que su pensión sea de ¢187.500. Los que ganan ¢800.000 y pretenden ¢500.000 al mes, deben hacer un anticipo de ¢36 milones. Los salarios de ¢1,5 millones deben pagar ¢68 millones para que la jubilación sea de ¢937.000, indican la CCSS.

La edad mínima para acceder al beneficio es de 57 años, pero el servidor no podrá adelantarse la pensión en más de cinco años.

Por ejemplo, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) establece en 65 años la edad mínima de retiro para los hombres. Si un beneficiario desea acogerse a la pensión anticipada, no podrá hacerlo antes de los 60 años. En el caso de las mujeres ahora es 62, por lo cual se reduce a 57 años

El proyecto también crea posibilidades de financiamiento para los interesados en pagar por anticipado sus últimas cuotas.

Así, los trabajadores podrán usar recursos de su Fondo de Capitalización Laboral (FCL), del Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias (RVP) y del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

En el caso de los funcionarios del Estado, la iniciativa faculta a las instituciones públicas a pagar las cuotas finales siempre que se haga como parte de un proceso de “reestructuración institucional”.

Por otro lado, la propuesta autoriza a la Superintendencia de Pensiones a diseñar “en conjunto con las operadoras de pensiones, planes de beneficio que le permitan a los afiliados adelantar las pensiones”. El plan cede a la Caja de Seguro Social la creación de un reglamento para el beneficio.

Dudas y objeciones. Los diputados acordaron enviar el proyecto a la Sala IV para que los magistrados determinen si este roza o no los límites constitucionales.

El último informe de la Junta Directiva de la Caja sobre el plan, emitido el 26 de julio, señala que el plan atenta contra su autonomía de establecer las fechas de jubilación y que, por ello, es inconstitucional.

Además, la CCSS expresó dudas sobre la posibilidad de que los trabajadores puedan pagar el adelanto de las cuotas, aunque para ello utilicen el dinero de fondos complementarios y recursos propios.

El diputado del PASE, Víctor Emilio Granados, salió en defensa del proyecto y sostuvo ayer que el Ministerio de Hacienda y la Supen emitieron criterios favorables para la propuesta y confía en que esta saldrá bien librada de la Sala IV.

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