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Apoyo a investigaciones biomédicas

Actualizado el 01 de octubre de 2012 a las 12:00 am

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Apoyo a investigaciones biomédicas

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El vertiginoso avance que han tenido las ciencias biomédicas en los últimos años obliga a los países a promover instrumentos normativos que garanticen la regulación de la investigación clínica en seres humanos, su organización y su ejecución, desde la perspectiva de las demandas éticas, sociales y de protección de la comunidad.

En momentos en que la sociedad enfrenta nuevos y variados problemas de carácter científico y ético, son necesarias nuevas regulaciones, para resolver la preocupación respecto a los posibles abusos originados en la metodología de la investigación biomédica en seres humanos, como sucedió en el pasado.

Este tipo de investigación, aunque se diseñe con el máximo cuidado, entraña riesgos, los cuales deben ser informados previamente con la finalidad de que las personas participantes consientan o rechacen voluntariamente su participación en la investigación.

Desde el punto de vista de la bioética, dichos riesgos se justifican porque se estima beneficiarán a las personas participantes, y que esta probabilidad de beneficio supera los riesgos. Además de contribuir al conocimiento científico necesario para el mejoramiento de la salud y el progreso humano se anticipa un beneficio para las personas participantes.

Antes del fallo de la Sala Constitucional que prohibió la investigación clínica en seres humanos, el 27 de enero del 2010, lo que existía era una normativa conformada por decretos ejecutivos y reglamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social derogados en el fallo de la Sala Cuarta.

Esa normativa anterior no era suficiente cuando la investigación clínica se refería a seres humanos, insuficiente garantizar los derechos de los participantes en este tipo de investigaciones. Desta manera la regulación legal exigida por la Sala Constitucional para resguardar los principios éticos y la información previa a los participantes es indispensable.

Esta ley es inherente a la normativa que fundamenta las políticas de Estado referentes a la Salud Pública, formuladas para el país por el Ministerio de Salud, como parte de la rectoría del ministro o ministra de dicho sector. Jamás podría pensarse en poner en manos del sector privado el Consejo Nacional de Investigación en Salud (Conis), porque no habría sido resuelta la exigencia de la Sala IV, de garantizar la tutela de los derechos para las personas participantes en las investigaciones.

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Sin más atrasos, la Asamblea Legislativa debe aprobar la Ley Reguladora de Investigaciones Biomédicas que encontramos en el expediente 17.777. De seguido el Ministerio de Salud debe abocarse al trámite correspondiente para la formulación del reglamento respectivo. Hago público en este acto mi voto favorable.

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