Nueva Deli. AFP. El apagón que el martes dejó a la mitad de India sin electricidad evidenció carencias en infraestructura eléctrica y la necesidad de hallar nuevas fuentes de suministro en un país emergente que aspira a ser potencia.
El apagón, que tardó 20 horas en ser superado, afectó a unas 600 millones de personas en gran parte del territorio, desde la frontera con Pakistán al noreste, cerca de la frontera china, incluyendo la capital, Nueva Deli, y las ciudades de Calcuta y Lucknow.
El lunes, un primer apagón ya había afectado a 300 millones.
Las autoridades afirman que los apagones en pleno verano se debieron a varios estados que rebasaron el límite de suministro autorizado en sus redes eléctricas y desencadenaron un efecto dominó.
En India , donde la electricidad proviene principalmente del carbón, los apagones son frecuentes y en las horas punta de consumo la oferta es inferior en 12% a la demanda, según datos del Gobierno.
El grupo público Coal India no tiene capacidad para responder a la demanda por falta de combustible y de tecnología moderna, mientras espera las autorizaciones para construir nuevas centrales.
Las autoridades planean construir centrales nucleares para que el porcentaje de energía nuclear en la producción eléctrica pase del 3% actual al 25% al 2050. Empresarios y analistas coinciden en que las reformas urgen.
“Es imperativo que nuestras infraestructuras de base respondan a las aspiraciones de los agentes económicos del país”, expresó el director general de la Confederación India de la Industria, Chandrajit Banerjee.
Según los analistas, India debe lograr que las comisiones locales de electricidad en cada estado respeten sus cuotas de consumo.
Aunque existe un sistema de sanciones si se rebasa el máximo autorizado, las multas cuestan menos que comprar energía en el mercado libre, por lo que los estados no dudan en superar el máximo permitido. Por eso, el Gobierno central tendría que aumentar el precio de la energía en el mercado regulado, según los analistas.
No obstante, esto elevaría el precio del servicio para el consumidor; una decisión que necesita voluntad política en medio del descontento con el Gobierno.