El fallo que emitió el miércoles el Tribunal Contencioso Administrativo también asesta un fuerte golpe a muchos vecinos de la comunidad de Crucitas, en Cutris de San Carlos, Alajuela.
Algunos, como Ángel Segura, hicieron inversiones para levantar cabinas o abrir pequeños negocios con la esperanza de ofrecer servicios a los trabajadores de la mina.
Otros, como Víctor Agüero, contaban con mantener un puesto de trabajo en el proyecto.
“Yo tengo uno de los pocos empleos que se pueden conseguir aquí. Si la minera se va, Crucitas se convertirá en un pueblo fantasma”, expresó Luciana Ordóñez, cocinera de la escuela local.
El pueblo está situado 100 kilómetros al norte de Ciudad Quesada y a dos kilómetros de la margen del río San Juan.
Aquí viven poco más de 50 pobladores en condiciones difíciles, debido a la escasez de fuentes de empleo y la ausencia de caminos.
Sin embargo, a partir del 2002 surgieron promesas de mejora con el interés de Industrias Infinito, de capital canadiense, de instalarse en la zona para extraer oro.
Entre estos compromisos estaba la construcción de un camino asfaltado que beneficiaría también a los vecinos de Coopevega, Moravia, Chamorro, El Roble, Llano Verde y Jocote.
Para Alfredo Arias, otro vecino de Crucitas, la resolución judicial más bien genera tranquilidad pues evitará daños ambientales.
“Estamos seguros de que para el futuro vamos a tener agua limpia y pura”, dijo. En cuanto a las obras esperadas, cree que es al Gobierno y a las municipalidades a los que corresponde generar trabajo y obras.
Como él, María Elena Segura, vecina de la comunidad Chamorro, expresó regocijo por el fallo.
“Estamos felices con la noticia; para celebrar, vamos a hacer una gran sopa de gallina”, expresó.
Para que la sentencia quede en firme, solo resta el pronunciamiento de la Sala Tercera, si se presenta el recurso de casación.
Ayer, por tercer día consecutivo, se intentó consultar a Juan Carlos Obando, gerente de relaciones corporativas de Industrias Infinito, pero no respondió los dos mensajes dejados en su teléfono celular.
Tampoco fue posible localizar a José Manuel Echandi, abogado de los trabajadores de la mina.