EscucharDurante décadas hemos procurado hacer ver a nuestros estudiantes universitarios, así como “al gran público” en conferencias, foros y en esta misma página, que se cuiden de los análisis que predican la necesidad de reducir el tamaño y competencias del Estado sin precisar cómo semejante monstruo está anclado en intereses y prácticas político-partidistas que pudieron haberse evitado, según lo hemos documentado desde setiembre 1974 con nuestro primer artículo aquí (La gran labor del desarrollo: ¿con o sin burocracia?) y en varias otras publicaciones formales.
Hemos insistido en que, para que tales propuestas sean serias, deben precisar cuáles derechos o principios constitucionales deberían ser entonces afectados de manera que, según sus proponentes, sean entonces de prestación y vigilancia estrictamente privados pues esto, sin duda, es lo que debe determinar las competencias y tamaño del Estado. Nadie explica, por ejemplo, cómo replantearían el revolucionario artículo 50 (¿Cómo pasaría a ser: “El Estado dejará de procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, y le queda prohibido organizar y estimular por medios propios la producción y el más adecuado reparto de la riqueza...?”).
Ignorancia de las causas. Véase, por ejemplo, la perenne discusión sobre gasto público y déficit fiscal que se da entre especialistas, todos evadiendo reconocer como causa mayor –sin confrontar la cual no habrá reforma que valga un cinco– la naturaleza recurrente de los estilos y prácticas gamonales, desarticulados y clientelares con que gobernantes y su equipo de confianza inmediata –gabinete y presidencias ejecutivas– tienden a manejar la Hacienda Pública dando la espalda a la Constitución, Ley General de la Administración Pública y Ley de Planificación Nacional, las cuales en conjunto sí permiten ya una gestión política de Primer Mundo. Que nadie más las entienda como nosotros, ni siquiera Mideplán, no significa que estamos equivocados. Para nada.
Muchos señalan exceso de instituciones, reglamentos, gastos innecesarios, falta de logros, y con ello justifican despidos, menos instituciones y “más sociedad civil”; pero ninguno reconoce cómo la Ley 5525 de planificación de 1974 exigía más “participación civil” y cómo evitar a tiempo todos esos otros males, y muchos más.
Todas estas omisiones llevan a que nadie reconozca que antes de lograr ese inviabledesmantelamiento jurídico e institucional que proponen, es ya obligante y más expedito lograr que el Gobierno y sus instituciones funcionen con mucha mayor eficacia y productividad. ¿Por qué editorialistas y tantos incisivos comunicadores radiales y televisivos, lo pregunto con absoluta seriedad, evitan dirigir sus baterías indagatorias e informativas al grosero incumplimiento integral de ese marco jurídico de Primer Mundo que permitiría, ya, un mucho mejor país a partir de un mucho mejor Gobierno?
Señalamientos. Hemos insistido desde hace casi cuatro décadas cuáles son macrocausas de todo esto a nivel de partidos y de los jerarcas de turno. Hemos señalado con precisión debilidades conceptuales e instrumentales de los órganos de fiscalización que siguen empeñados en realizar análisis micro que no resuelven ni previenen nada a fondo.
Está en los genes del costarricense ser caprichosos e individualistas, y creer que la historia comienza cuando abrimos la boca o escribimos un artículo, inspirados en una emoción del día o en alguna fuente foránea que nos deslumbró. El origen de tal actitud tiene una causa mayor: una formación universitaria, mas también autodidacta, que privilegia el conocimiento preciosista de autores o fuentes foráneas, por sobre el estudio integral del escandaloso incumplimiento real del modelo país y para una conducción gubernativa, singularmente consagrados en Constitución y leyes –vistas estas, insistimos, como un sistema normativo, no cada ley o norma por aparte como es usual–.
¿La antifilosofía que motiva tal situación? 1.Pensar que cumplir con dicha normatividad superior de Primer Mundo es “políticamente opcional” según el humor, estilo o capacidad del Presidente de turno. 2.Pensar que nuestra realidad sociopolítica y jurídica “es la que resulte” de las preferencias o espasmos ideológicos, disciplinarios e investigativos de tantos, incluidos asesores internacionales (el síndrome, como decía un muy viejo amigo, de sentirse como escupidos del buche de Jehová). Para colmo de males, casi todos exhibiendo un enorme sesgo microanalítico. ¿Y nuestro régimen integral de Derecho como tal? Para exhibirlo internacionalmente. Y que ¡viva la Pepa!, pues parece que ninguna fuerza sociopolítica natural va a cambiarnos en los siglos por venir.
Solo lean las constantes declaraciones de los precandidatos a la Presidencia que ya muestran su pólvora. Ninguno aporta absolutamente nada a estos temas, y sin visión sobre ellos aseguramos que toda otra enunciación sobre políticas económicas, sociales, ambientales y participativas, resultarán inexorablemente inviables por imprácticas y aleatorias. Esta es una madre de las realidades en Costa Rica.
