La Fiscalía Adjunta de Económicos, Corrupción y Tributarios ordenó ayer la ampliación de las medidas cautelares hasta que se dicte sentencia en firme, para los señalados por el delito de administración fraudulenta, publicación de balances falsos y autorización de actos indebidos en perjuicio de la cooperativa de ahorro Coopemex.
Luego de una serie de allanamientos y tras la detención de varios encausados, el Juzgado Penal de Turno Extraordinario, decidió tomar medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva en contra de varios de los exfuncionarios de la entidad.
Estas medidas tenían una duración de seis meses, las cuales vencían el 27 de agosto de 2010.
La Fiscalía Adjunta de Económicos tramita una causa penal contra Maynor Sandoval López y cuatro funcionarios de la cooperativa por el delito de administración fraudulenta.
Los otros imputados por este caso son Rafael Angel García Obando (auditor), William Villalobos Umaña (presidente), Víctor Hernández Umaña (secretario) y Javier Lara López (vocal).
Hay dos imputados más en investigación, Gerardo Ramírez y Hugo Jiménez, que ya tenían medidas cautelares distintas a la prisión preventiva fijadas para todo el plazo de la investigación.
Con fundamento en una denuncia de la Superintendencia General de Entidades Financieras, la fiscalía atribuye a los imputados tener una cartera paralela, cuyos deudores morosos no eran reportados.
También los relaciona con inversiones dudosas, como una por ¢4.000 millones otorgada en diciembre pasado a los compradores de un centro comercial que la misma entidad construyó en Monteverde, Puntarenas.
Como parte de las pesquisas, en febrero, agentes de las secciones de Delitos Económicos y Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron la sede de la cooperativa en Paseo Colón, así como el despacho de auditores Lara Eduarte,y las oficinas de Coticomer, en Pavas, una fiduciaria en la que Coopemex.