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Además del tortuoso recorrido, cada proyecto atraviesa por un largo proceso de trámites

Actualizado el 08 de octubre de 2012 a las 12:00 am

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Además del tortuoso recorrido, cada proyecto atraviesa por un largo proceso de trámites

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En setiembre del 2010, finalmente vio la luz el reglamento que establece las normas para los fideicomisos de obra pública.

Desde el 2009, el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional y una decena de entidades esperaban la normativa que les permitiera avanzar con varios proyectos, después de que la Superintendencia General de Valores (Sugeval) decidiera poner en revisión este mecanismo de financiamiento de obras.

Hoy, a dos años exactos de aquel reglamento, las normas implementadas parecen poner un freno al desarrollo de los fideicomisos, más que ayudarlos a avanzar.

Empero, tras críticas en el pasado, ahora los bancos prefieren adaptarse al nuevo panorama.

“No podemos decir que son tropiezos. Son condiciones con las que hay que cumplir, y tenemos que hacerlo”, explicó Mario Jiménez, director de Banca de Inversión del Nacional, quien asumió ese cargo hace poco más de dos meses.

Francisco Acuña, gerente de Fideicomisos del BCR, también afirmó que en la actualidad los proyectos estructurados “siguen avanzando con normalidad”.

Estas posiciones contrastan con las de un año antes, cuando funcionarios de ambos bancos fustigaban el reglamento.

Críticas pasadas. Antes que Jiménez, la Dirección de Inversiones del Nacional fue ocupada en forma interina por Lourdes Fernández, funcionaria que fue más contundente en las críticas al reglamento.

“Lo que se hizo fue tomar la figura que estábamos utilizando y ponerle una serie de requisitos; algunos de ellos hacen muy difícil la aplicación de esta forma de estructuración de proyectos”, manifestó Fernández a este diario en setiembre del 2011.

Leonardo Acuña, subgerente del BCR, también señalaba en el 2010 que el reglamento ponía requisitos adicionales a proyectos muy semejantes a otros que ya funcionaban, como el plan de la planta térmica Garabito. “Si bien (el reglamento) no es lo mejor, es algo bueno para empezar”, dijo.

Estructuración. El reglamento del 2010 obligó a los fideicomisos a adaptarse a dos requerimientos adicionales: un financiamiento puente, para evitar titularizar flujos de obras sin construir, y el requisito de que solo inversionistas muy sofisticados serían los autorizados a comprar esta deuda.

Además, cada proyecto en particular debe cumplir con una serie de pasos, que van desde el refrendo de la Contraloría al contrato, hasta el arrendamiento de las obras.

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También, cada fideicomiso encara retos distintos. Los del Gobierno Central, por ejemplo, requieren de aprobación legislativa, por ser deuda pública.

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