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EDITORIAL

Acertijos en Pekín

Actualizado el 06 de mayo de 2012 a las 12:00 am

Es altísimo el riesgo de olvidar que China, con toda su modernidad económica, sigue bajo la autoridad de un régimen fundamentalmente autoritario. Los escándalos en torno a un dirigente en ascenso y un disidente descorren el velo de la corrupción y la represión.

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En el calendario político chino, este año guarda especial importancia por ser un período de transición en la jefatura política del país. En especial, hay cambios programados en los altos círculos del dominante Partido Comunista, empezando por su cúpula. Entre los movimientos más descollantes de la transición figuraba el ascenso en el Buró Político de Bo Xilai, una estrella fulgurante del Partido, destacado por su mano dura contra las mafias en la administración de la próspera zona de Chongqing. Además, es hijo de uno de los héroes legendarios del Partido y cofundador del régimen.

Sin embargo, hace pocos meses, Wang Lijun, antiguo jefe policial de Chongqing y mano derecha de Bo, se presentó en un consulado estadounidense donde, según los informes, pidió asilo y narró los extremos de corrupción reinantes en el equipo de Bo. En particular, dio detalles de los florecientes negocios de la esposa del dirigente a quien implicó en la muerte de un inversionista y cliente británico, cuyo cadáver fue descubierto en un hotel capitalino. Wang dejó el consulado la noche siguiente, detenido por agentes de seguridad sin que hasta ahora se conozca su destino. La historia culminó con la remoción de Bo, destituido de la alta jerarquía comunista. Por otra parte, el Departamento de Estado norteamericano ha sido fuertemente criticado por negarle asilo a Wang.

El caso llama la atención local y mundial, y pone en evidencia el lado oscuro de la aristocracia política china, destinataria de jugosos beneficios materiales y financieros del régimen. La nueva era de las comunicaciones y las redes sociales permiten sortear los intentos de la jefatura comunista por silenciar los temas embarazosos. En China operan con limitaciones, pero finalmente emergen y golpean la legitimidad del sistema imperante.

Sin embargo, el escándalo en torno a Bo pronto fue marginado por el extraño caso de Chen Guangcheng, célebre activista de los derechos humanos. A pesar de las limitaciones impuestas por su condición de no vidente, Chen ha desafiado la violencia del régimen al criticar temas tan sensibles como las políticas de solo un hijo –no hijas– por familia y, en general, el irrespeto a los derechos humanos. Después de guardar prisión por cuatro años, el año pasado las autoridades del villorrio rural donde Chen reside con su esposa y dos hijos menores le impusieron arresto domiciliario combinado con frecuentes golpizas y maltratos físicos. Además, construyeron una valla de seguridad fortificada alrededor de la humilde casa, dotada de cámaras y otros mecanismos de control.

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Chen, sin embargo, se ha convertido en un personaje célebre en China y también en el exterior. La secretaria de Estado y otros altos oficiales norteamericanos alaban frecuentemente la valentía de Chen y la importancia de las causas humanitarias que defiende. Muchos otros Gobiernos democráticos también alaban a Chen y condenan los castigos impuestos por el régimen.

Con ese trasfondo, hace dos semanas, por la noche, Chen logró evadir su encierro y, a pesar de una lesión en la pierna sufrida al saltar la verja, caminó a solas hasta una distante población donde algunos de sus seguidores le proporcionaron ayuda para trasladarse a Pekín. La embajada norteamericana, alertada por los amigos de Chen, le abrió sus puertas. Lo que de ahí en adelante ocurrió constituye una confusa y cambiante historia.

Según la embajada, Chen manifestó deseos de permanecer en China con su familia, a diferencia de otros célebres luchadores que obtuvieron asilo y se radicaron Estados Unidos. Entre tanto, y conforme a los deseos reiterados por Chen, los funcionarios estadounidenses dicen haber negociado con el Ministerio del Exterior chino para que, protegido por las autoridades, traslade su residencia y su familia a otra ciudad a fin de proseguir sus estudios legales en la universidad. Asimismo, los diplomáticos norteamericanos aseguraron que le darían seguimiento a la situación del activista. Basados en ese arreglo, y con el consentimiento de Chen, el embajador y otros funcionarios lo acompañaron a un hospital para recibir tratamiento por su lesión en la pierna.

Llegados al hospital, la historia cambió. Para empezar, los diplomáticos no pudieron ingresar y quienes tomaron control del exasilado fueron agentes de seguridad chinos. Por teléfono, Chen manifestó a varios periodistas que los representantes norteamericanos lo presionaron para salir de la embajada antes del arribo de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien participaría, junto con colegas de gabinete, en un diálogo sobre economía con el Gobierno chino. También insistió en que quería irse a Estados Unidos con su familia. La Embajada ha negado las afirmaciones de Chen e insiste en que el asilado quería ir al hospital donde, según fue informado, esperaba su familia.

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A este punto, todavía hay versiones contradictorias, aunque ahora también los norteamericanos afirman tener algún tipo de trato para que Chen viaje a estudiar a Estados Unidos con su familia. Quizás, pero no luce nada definitivo pues China insiste en que debe recibir excusas de Estados Unidos. En cualquier caso, el Departamento de Estado sufre críticas a diario y el tema se ha convertido en un escándalo político en Washington.

Este sonado capítulo deja, con todo, algunas lecciones. En primer lugar, los posibles errores de la embajada norteamericana, que equívocamente creyó que esta vez el Ministerio del Exterior chino decía la última palabra. Casos anteriores ya evidenciaron que el servicio de seguridad es quien decide. Tampoco era lógico pensar que, salido de la embajada, los diplomáticos podían ejercer alguna autoridad y proteger a Chen, un ciudadano chino con cuentas pendientes con la justicia del régimen.

Pero, sobre todo, la principal lección estriba en el altísimo riesgo de olvidar que China, con toda su modernidad económica, sigue bajo la autoridad de un régimen fundamentalmente autoritario. Pactar con cualquier dependencia en materias que remotamente se relacionen con los derechos humanos o facultades ciudadanas, conlleva el riesgo de la injerencia del aparato de seguridad, con los riesgos que eso implica. Lamentablemente, así ha ocurrido ahora con el perseguido Chen, cuya suerte ha pasado a ser un acertijo.

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