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Acción ejemplar

Una secretaria, su amiga y un abogado independiente emprendieron la defensa de la estabilidad financiera del seguro social

La Caja podría terminar pagando la ruinosa suma de ¢174.000 millones en incentivos a los profesionales en medicina

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Una secretaria de la Caja Costarricense de Seguro Social, una amiga no vinculada laboralmente con la institución y un abogado cuyo interés estriba en ser un asegurado, plantearon un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, aprobada en 1982.

Los tres comprenden la amenaza financiera contenida en esa normativa y decidieron actuar para salvar a la Caja de la quiebra técnica. Se le adelantaron al Gobierno, que apenas el jueves convocó a sesiones extraordinarias un proyecto de interpretación auténtica para aclarar la ley y respaldar su aplicación de conformidad con los parámetros adoptados por la institución desde 1982.

Según la lectura de la ley hecha por la Caja, el pago de guardias médicas, horas extras y disponibilidad no debe ser tomado en cuenta para calcular el salario total de los profesionales. En consecuencia, los pluses pagados a los médicos se estiman exclusivamente a partir del salario base, pero un grupo de abogados con la interpretación contraria consiguió representar a más de 2.000 médicos para demandar a la Caja y exigirle el pago retroactivo de incentivos.

Los tribunales han declarado con lugar unas 350 demandas, y la Caja podría terminar pagando la ruinosa suma de ¢174.000 millones, un monto suficiente para comprometer su estabilidad financiera y afectar gravemente los servicios brindados a los asegurados.

El recurso de inconstitucionalidad detuvo provisionalmente el dictado de más sentencias y ya ese es un motivo para agradecer el interés y espíritu cívico de Ligia Fallas, secretaria en la institución desde hace 25 años. El abogado Sergio Jiménez y la amiga de ambos merecen el mismo reconocimiento. Es difícil saber si la acción tendrá éxito, pero el contraste entre las motivaciones de los demandantes y las de estas dos mujeres y su abogado es conmovedor.

Jiménez difícilmente obtenga por honorarios mucho más de la satisfacción de defender a una institución fundamental para la estabilidad social de Costa Rica y el bienestar de sus ciudadanos, en especial los menos privilegiados. Fallas labora en una institución donde el gremio médico pesa hasta el punto del privilegio y se ha dado el lujo de intentar la expulsión de la presidenta ejecutiva Ileana Balmaceda del sindicato que lo representa. La represalia del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (Siprocimeca) se debe, precisamente, a la firma estampada por la funcionaria en una coadyuvancia a la acción de inconstitucionalidad planteada por Fallas y su amiga con el patrocinio de Jiménez.

La valentía y sentido cívico demostrados por los tres recurrentes, sin dejar de reconocer los de la doctora Balmaceda, son un ejemplo para un país acostumbrado a aceptar y financiar la satisfacción de desmedidos intereses gremiales. Así se defiende a la Caja y no con aspavientos y protestas ayunos de fundamento en el análisis serio, conducente a la identificación de los verdaderos problemas.

“La normativa da pie para que se viole el principio de igualdad. Los médicos obligaron al Gobierno, hace 30 años, a hacerles un reconocimiento salarial distinto al resto de profesionales, y nadie nunca calculó lo que significaría esa carga. Con los años, esto se volvió insostenible”, dice el abogado Jiménez. “Esa ley de incentivos es inconstitucional y desproporcionada. Actuamos a partir de las demandas que los jueces declararon con lugar. Eso fue lo que desencadenó más y más demandas en busca de la misma ventaja injusta”, añade Fallas.

Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), también se ha mostrado crítico de la normativa. Como la ley de incentivos encadena los ajustes salariales de los médicos con los del Gobierno central, el Estado debe calcular, al subirles el salario a sus más modestos servidores, el efecto sobre la planilla de la Caja. La injusticia no podría ser más evidente.

El Congreso debe actuar con celeridad para producir la interpretación auténtica, y la Sala Constitucional no puede dejar de advertir la importancia del tema, cuyo esclarecimiento desde el punto de vista del derecho de la Constitución adquiere altísima prioridad en vista de las consecuencias financieras para una institución fundamental de la sociedad costarricense.

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