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Ambientalistas objetan plan regulador de puerto jiménez, Golfito

Acción ante Sala IV procura frenar marina en golfo Dulce

Actualizado el 06 de abril de 2013 a las 12:00 am

Magistrados acogen para estudio gestión de grupos opositores a proyecto

Asesor legal de firma Bahía Cocodrilo asegura que no afectará desarrollo

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Acción ante Sala IV procura frenar marina en golfo Dulce

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La Sala IV acogió para estudio una acción de inconstitucionalidad presentada por organizaciones ambientalistas contra el plan regulador parcial de Puerto Jiménez, Golfito, Puntarenas. Los firmantes buscan dejar sin efecto el desarrollo del proyecto Marina Cocodrilo, en el golfo Dulce.

La Fundación Neotrópica, Conservación Osa, vecinos de la zona y un biólogo aseguran que el documento cuestionado entra en “frontal” choque con el artículo 50 de la Constitución Política pues permite otorgar concesiones en una parte de la zona marítimo-terrestre de “alta fragilidad ambiental”.

Fabián Volio, asesor legal de la empresa Bahía Cocodrilo S. A., encargada del proyecto de Marina Cocodrilo, sostiene el criterio de que esto implicaría que la zona restringida de los 150 metros no debería existir.

“Ellos dicen que todas las playas del país son frágiles; si uno sigue esa tesis, entonces no se podría hacer ni una cabinita”, expresó.

Álvaro Sagot, abogado de los ambientalistas, señaló que le pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que se encargue de buscar la nulidad de todas las concesiones que se realizaron a partir del plan regulador.

“Muy probablemente las que ya estén construidas se queden de esa manera. A cómo lo está viendo don Fabián, me parece irracional que tengan que demoler hoteles”, dijo Sagot.

¿Qué pasó con el plan? El plan regulador parcial lo aprobó el Concejo Municipal de Golfito en el 2004 y, según los gestionantes, el documento y su reglamento de zonificación “no fueron sometidos” a conocimiento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

El jurista Sagot recordó que desde el 2002 existe jurisprudencia de la Sala que dice que el plan tiene que pasar por el tamiz de Setena.

La acción señala que, a pesar de esta “omisión”, el documento recibió la autorización del Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y del gobierno local.

Volio manifestó que todos los planes reguladores que se aprobaron desde 1978 en adelante no iban a Setena hasta que hubo un fallo de la Sala IV entre el 2006 y el 2007, según el cual sí tienen que ser avalados.

Entre tanto, Sagot dijo que la empresa Bahía Cocodrilo S. A. habría tenido injerencia en el plan, e incluso señaló que así consta en el acta municipal.

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El acta municipal dice textualmente: “Se acuerda aprobar el plan regulador parcial del sector costero de Puerto Jiménez, Golfito, promovido por Bahía Cocodrilo S. A.”.

El ingeniero, Aristides Romero, encargado del proyecto de la marina, expresó que hay una “gran cantidad” de planes reguladores que fueron promocionados por entes privados. “Es una práctica común. Las municipalidades no tienen personal capacitado, ni la plata como para sacar la licitación un plan regulador”, comentó.

La PGR, en el oficio OJ.096-2005, emitió una opinión jurídica no vinculante, y en su conclusión señaló: “En consecuencia y con base en lo dicho, es opinión de esta Procuraduría que tanto el ICT como el INVU y las municipalidades no deben aprobar o adoptar, según el caso, planes reguladores costeros, cuya elaboración ha sido gestionada, contratada y financiada por sujetos de derecho privado”.

Volio indicó que por el momento no hay ningún proceso judicial ni administrativo, y aseguró que el plan regulador sigue su curso, al igual que el proyecto de marina.

Sin embargo, Sagot dijo que irán a procesos recursivos, primero en la municipalidad y luego en lo contencioso-administrativo.

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