Un exministro de Óscar Arias Sánchez pretende frenar en la Sala Constitucional la ley de fortalecimiento de los 81 gobiernos locales impulsada por ese Gobierno y considerada clave para el proceso de descentralización actual, que impulsa el sector municipal.
El exministro Jorge Woodbridge presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley 8801 (Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades), tras un análisis jurídico hecho por el jurista Rubén Hernández, quien fungió como asesor de la administración anterior.
Hernández dijo haber basado su análisis en un estudio perteneciente al Ministerio de Planificación (Mideplan), a cargo de Laura Alfaro, a quien dirigentes del sector municipal consideran enemiga de la descentralización de poderes.
Aunque se intentó hablar con ella directamente sobre esta acción de inconstitucionalidad, quien contestó a nombre del Mideplan fue Rodrigo Rivera, su asesor legal en asuntos de descentralización.
Rivera negó que el Mideplan tuviera relación alguna con esta acción de inconstitucionalidad. “En el medio municipal se dice que es así, pero no es cierto (...) Don Rubén tomó una decisión personal. Ni siquiera sabíamos que se estaba trabajando eso”, declaró el asesor la semana pasada.
Los argumentos, sin embargo, sí coinciden entre la acción de inconstitucionalidad y las advertencias presentadas por el Mideplan sobre la transferencia de poderes y recursos financieros.
La acción señala “una gran cantidad de inconsistencias legales y financieras” para poder cumplir con esa ley, aprobada por los diputados anteriores tres días antes de ceder sus curules a los actuales.
Las consideraciones de fondo se resumen en la ausencia de estudios que demuestren la posibilidad real de transferir competencia y dinero, así como el detalle de cuáles tareas se incluirían en ese traslado.
Sí está claro, según la acción de inconstitucionalidad, la imposibilidad financiera de cumplir con ceder a los gobiernos locales el 1,5% de los ingresos totales del Gobierno, uno de los desembolsos necesarios para alcanzar el 10% establecido por la reforma hecha a la Constitución Política en junio del 2001.
“No se visualiza una forma de implementar esta ley sin generar un serio déficit fiscal”, dice el documento, en coincidencia con las consideraciones mencionadas esta semana por la presidenta Laura Chinchilla, a pesar de que se declaró comprometida con el proceso de descentralización.
Una comisión del Gobierno estudia los detalles legales, operativos y financieros de un proyecto de ley para aplicar la ley 8801, el cual enviaría al Congreso en el 2011.