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Acceso a la justicia para los pueblos indígenas

Actualizado el 21 de abril de 2012 a las 12:00 am

La deuda histórica para con los pueblos indígenas se transforma en acciones tangibles

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Durante mucho tiempo, los indígenas fueron considerados como “iguales”, igualdad que suponía la asimilación a un entorno sociocultural distinto al suyo. Desde esta perspectiva, la justicia ha sido concebida únicamente a partir de una óptica cultural dominante, llegando a ser una imposición de un régimen desconocido que, sin duda alguna, constituye un campo en que se expresa la cultura social instaurada.

En tal sentido, la imposición de la justicia puede convertirse –paradójicamente– en un instrumento de injusticia para los pueblos indígenas, quienes poseen rasgos y principios culturales propios.

En el caso de los pueblos indígenas, la igualdad no significa otra cosa que un “tratamiento diferencial” que tenga presente su cosmovisión. Este tipo de trato conllevaría claramente a la admisión de la existencia de otros valores, que no contempla el derecho positivo, lo cual ha representado un reto para el Ministerio Público.

La Fiscalía de Asuntos Indígenas, reconociendo la importancia de los pueblos en un Estado pluriétnico como el nuestro, ha dado pasos importantes en el proceso de reivindicación de prácticas culturales que forman parte de la identidad cultural de estos pueblos. Así pues, cabe señalar la relevancia que han tomado los peritajes culturales dentro del proceso penal.

Estos estudios son un medio de prueba, a su vez llevados a cabo – en principio y cuando así lo impongan las circunstancias- por antropólogos, psicólogos o trabajadores sociales, que tienen como fin determinar si la conducta delictiva que investiga el Ministerio Público obedece o no a un patrón cultural. En caso de ser un comportamiento no aceptado culturalmente, el peritaje delimita si existen elementos de sanción a lo interno de la comunidad.

Lejos de propiciar impunidad, los peritajes han permitido una amplia valoración cultural de ciertas prácticas que durante muchos años fueron conceptualizadas como delito, en virtud a que ese enfoque se disociaba de los aspectos culturales.

A modo de ejemplo, la política de persecución penal dictada por el Fiscal General en noviembre de 2011 establece que la práctica de pesca realizada por el pueblo indígena maleku, ubicado en la cuenca del Río Frío, al norte de nuestro país, no es delito, pues se considera que esa actividad lleva un trasfondo cultural y espiritual en dicha población.

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Según el documento, ese panorama determina que la pesca desarrollada por los maleku se excluye por razones de atipicidad del delito descrito en el artículo 97 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, cuya pena es de cinco a diez salarios base, o prisión de dos a ocho meses.

La política también incluye la obligación del fiscal de consultarles a las personas indígenas si requieren de un intérprete, y la entrega del 50% del dinero del remate de madera decomisada cuando se dicte una condena por delitos de tala ilegal.

El pasado 19 de abril celebramos el Día del Indígena Costarricense con el compromiso de continuar acercándonos a los 24 territorios indígenas del país, garantizándoles el acceso a la justicia, a la información y a la prevención del delito.

En conclusión, podemos afirmar que la deuda histórica para con los pueblos indígenas se transforma en acciones tangibles.

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