Al menos 13 procedimientos sancionatorios contra intermediarios financieros hacen fila en la Superintendencia General de Valores (Sugeval), a la espera de una resolución por parte de los reguladores.
A la fecha, no existe un tiempo estimado de resolución para ninguno y desde el 2009 no se anuncian medidas disciplinarias.
“Hay algunos casos que se encuentran pendientes de adquirir firmeza, hasta que la Sala Constitucional se pronuncie sobre las acciones de inconstitucionalidad planteadas por las entidades involucradas”, explicó Kattia Castro, directora de información en Sugeval.
De ese grupo en espera, tres fueron anunciados este año, dos de los cuales corresponden a puestos de bolsa y el tercero a una sociedad administradora de fondos de inversión .
Los procesos fueron divulgados ante los inversionistas por medio de comunicados de hechos relevantes. Este tipo de anuncio genera recelo en el sector, que reclama mayor velocidad en el dictamen.
“Lo que nos preocupa es que se nos exige cumplir con plazos exactos para entregar la información, pero la Superintendencia no tiene una fecha límite para dar la respuesta”, afirmó Douglas Soto, presidente de la Cámara de Intermediarios Bursátiles (Cambolsa).
Este tipo de anuncio indica la apertura de un proceso de investigación que puede resultar en una infracción; sin embargo, no tiene carácter sancionatorio antes que Sugeval y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero emitan un criterio definitivo.
Otra objeción que se ha planteado contra estos procesos tiene que ver con el monto elevado de las infracciones que estipula la Ley Reguladora del Mercado de Valores, de hasta cinco veces el beneficio obtenido como resultado de la infracción, o hasta 200 salarios base.
El valor de la infracción puede variar según la gravedad del error incurrido. En varias resoluciones la Sala Constitucional ha considerado que las sanciones establecidas son topes máximos.
No obstante, una infracción por debajo de ese monto es válida y no resulta fuera de la ley.