Historia

Dos ‘brujas’ en Costa Rica

  Secretos y mentiras El único juicio por brujería que se incoó en el siglo XVIII, revela mucho de nuestro pasado

La sección Complementario Colonial del Archivo Nacional de Costa Rica guarda un grueso fajo de 60 folios, que tiene que ver con hechicería. Es el único caso que se conoce de una acusación por brujería durante el periodo colonial costarricense. Recoge la acusación contra dos mulatas cartaginesas, María Francisca Portuguesa y Petronila Quesada, a quienes un militar, Matías Quesada, culpó de haberle hechizado el miembro viril.

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En la primera página se lee que, estando Matías gravemente accidentado de los testículos , difamó públicamente a las muchachas y luego llevó su clamor hasta el gobernador, Juan Manuel de Casasola y Córdova, ante quien pidió castigo contra las presuntas nigromantes.

En aquella estructura provincial, el gobernador no se encargaba de tales asuntos, así que Casasola delegó el proceso en José Romualdo de Oreamuno, miembro del cabildo español, nombrado alcalde de la Santa Hermandad (equivalente de la Policía).

El alcalde de la Santa Hermandad “se ocupaba, con procedimiento sumario, de los casos de violencia, resistencia a la justicia, violación y allanamiento producidos en zonas despobladas” y trataba “los delitos y excesos que se cometían en el campo”, según explica la historiadora Carmela Velázquez en su Diccionario de términos coloniales (Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2005).

Por las atribuciones de su puesto, a Oreamuno competía indagar la verdad o la falsedad de hechos como el expuesto, y, cumpliendo con sus obligaciones, se dio a las pesquisas sin imaginar que legaría a la posteridad un caso que muestra interesantes formas de atender la justicia en la Colonia.

Pobres y casi honrados. La Gobernación de Costa Rica era la más alejada de la Capitanía General de Guatemala. Nuestra sociedad no era ajena a los valores con los que la monarquía española engranaba sus colonias, pero sus habitantes vivían en condiciones muy diferentes de las de los otros lugares (virreinatos o capitanías).

En nuestra provincia, para subsistir, tanto foráneos como naturales creaban nexos de dependencia, aunque no necesariamente igualitarios.

Las diferencias sociales y culturales existían, pero se disimulaban más que en otros territorios. Aunque los indios, mulatos y mestizos trabajaban para sus dominadores, la nobleza y el clero apenas lograban superar las precarias condiciones imperantes.

La ciudad de Cartago era una aldea deprimente, alrededor de un lodazal llamado Plaza Mayor. Faltaban trabajadores. Los que labraban la tierra, precisaban de mes-tizos o mulatos esclavos, y en la vida doméstica también se requerían brazos para el oficio.

En los hogares, la mano de obra libre era cara. Había que ingeniárselas para obtenerla gratuitamente, o al menos más barata que lo que costaba comprar una esclava. Las mitas ya no existían, pero algunos encontraron cómo beneficiarse de las dudosas penitencias legales que facilitaban empleados gratis, aunque fuera por poco tiempo.

Dentro de las posibilidades de contar con empleados sin salario estaba el depósito . Esta forma legal consistía en ubicar a una acusada en una casa donde ofreciera trabajo doméstico no remunerado, como parte de la purga por su condena. De aquella forma, gente de las clases altas se procuró esclavas sin mayor costo que alimentarlas.

Tal artimaña era inaccesible para otros estamentos, que para ganar dinero recurrían a la prostitución y la brujería.

La Colonia tenía fuertes sistemas de control represivo, pero en la plaza raramente había crueles espectáculos de castigo; por lo que los pretendidos hijosdalgos como los indígenas, y hasta dignatarios monárquicos o eclesiales, iban contra lo establecido para paliar sus carencias y para agenciarse dinero o servicios.

La pobreza unificaba. Hasta el gobernador vivía en una casa austera. Para sufragar gastos debía dedicarse al comercio o a actos ilícitos, impensables en sus pares de los virreinatos, como el contrabando.

No convenía que los afuerinos supieran de esas prácticas, por lo que se recelaba mucho de la mirada externa. En las antípodas de la escala social, indios, mulatos, mestizos y negros vendían su cuerpo o practicaban el curanderismo para ganarse unos cuartos. Por ambos oficios acusaron a las mulatas María Francisca Portuguesa y Petronila Quesada.

Brujas en depósito. Los autos contra las muchachas se iniciaron en junio de 1775. La causa se abrió por solicitud de Joaquín Quirós, padrastro de María Francisca, quien pidió la libertad de su hijastra, apresada y puesta en depósito. El oficial Oreamuno comenzó los interrogatorios, que compusieron un proceso donde se refleja la vida de la periferia cartaginesa colonial.

Las mulatas vivían marginales al principal asentamiento cartaginés. En su chabola servían sexualmente a algunos hombres, y también practicaban el curanderismo, común entre los indígenas.

Aunque las declaraciones arrojan que el mal del querellante era una enfermedad venérea, el cargo de brujería era grave y podría acarrear un castigo muy fuerte. El expediente, engrosado con los testimonios, se agrandaría más con las ratificaciones.

El tiempo corría, mientras las dos muchachas seguían presas de oficios domésticos gratuitos. Quienes deseaban verlas libres reclamaron con fuerza. Un año y tres meses después de iniciado el proceso, el expediente fue remitido con apuro a Nicaragua para que las autoridades de León dirimiesen el caso. Pasarían nueve meses antes de que llegase la esperada resolución.

Resolución conveniente. Los cartagineses no desearon emitir una sentencia tan delicada y prefirieron pasarla a esferas superiores. Preveían que si León no se pronunciaba, el asunto iría a Guatemala, y eventualmente sería elevado al virreinato de Nueva España (México). Al fin, podría haber funestas consecuencias.

En el mejor de los casos, habrían de mandar a las encartadas hasta México; en el peor, México enviaría a un inquisidor, con los costos económicos, sociales y emocionales que traería a estas alejadas tierras, donde la ausencia de miradas externas era garante de tranquilidad.

Entonces, desde León, el licenciado Enrique de Aguilar finiquitó el problema con una larga carta.

Luego de resumir el delito, el documento se extiende en admoniciones transcritas casi textualmente del discurso V del tomo II del Teatro crítico universal . Este era una colección de extensos artículos sobre distintas materias, incluida la magia, publicados por el español Jerónimo Feijoo entre los años 1726 y 1740.

Con docta retórica, Aguilar desestimó que las reas fuesen hechiceras; para él, lo único probable era que no supieran la doctrina cristiana, lo que no ameritaba quitarles la libertad. Así pues, las absolvió y las declaró libres. Al juez de Cartago, Aguilar pidió que no alargase tanto estos asuntos pues, por su tardanza, “los inocentes padecen o los delincuentes quedan sin castigo”.

Al final de los autos seguidos contra María Francisca Portuguesa y Petronila Quesada por brujas, se las dio por instruidas en el Catecismo y se las liberó de la sujeción del depósito; al fin, se las entregó nuevamente a sus padres.

Habían transcurrido dos años de depósito de dos mulatas y de un juicio extensivo, pero quedó un importante testimonio de la época colonial frente a la hechicería: la colonia costarricense no sacrificaría su tranquilidad ni sus entuertos por un par de presuntas brujas.

Según apuntan los documentos, también Martín Quesada fue feliz: un indígena le curó el impedimento que originó tan singular juicio.

EL AUTOR ES DRAMATURGO Y AUTOR DE ‘FIGUEROA, NOTARIO DE LA PATRIA INÉDITA’ Y ‘LA TEA FULGURANTE’, ENTRE OTRAS OBRAS. GANÓ EL PREMIO AQUILEO J. ECHEVERRÍA EN 1996, 2003 Y 2004.