Entre 1998 y 2002 el país enfrentó el reto de mudar su tecnología celular TDMA a GSM, en este último sistema había una creciente demanda aunque el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) contaba con poca oferta de líneas.
Para resolver la situación, el 28 de agosto del 2001 el ICE adjudicó a la empresa telefónica francesa Alcatel Cit la instalación de 400.000 líneas GSM, contrato que ascendía a $419 millones.
Sin embargo, según el Ministerio Público, la compañía incurrió en el pago de comisiones a empresarios y personajes de la vida política nacional para ganar esa adjudicación. Los dineros ingresaron a las cuentas de sus destinatarios por un entramado de sociedades, transferencias y personas cuya conexión es el punto de partida del señalamiento de la Fiscalía.
La ruta de los pagos
En 336 puntos, las fiscales Amelia Robinson Molina, Marcela Morera Molina y Criss González Ugalde señalan la ruta de las comisiones.
La acusación formulada por las autoridades indica que Christian Sapsizian Auvignon, vicepresidente y director comercial para Latinoamérica de Alcatel Cit, y Édgar Valverde Acosta, presidente de Alcatel en Costa Rica, presuntamente planearon, buscaron, ofrecieron y entregaron dádivas a funcionarios públicos que tuvieran ingerencia y poder en las contrataciones del ICE, con el objetivo de favorecer a la empresa europea.
Como parte de la estrategia, los pagos por el éxito alcanzado el 28 de agosto del 2001 se harían en forma indirecta. En primera instancia habrían utilizado a Luis Adrián Quirós Carmona (cuya hermana está casada con Valverde Acosta) y luego a Leonel Barrios Arce.
Los fiscales explicaron que para justificar las transferencias millonarias Alcatel firmó cuatro contratos de consultoría con la sociedad Servicios Notariales Q. C., que pertenecía a la esposa de Quirós Carmona.
Entre diciembre del 2001 al 24 de octubre del 2003, Alcatel transfirió a Servicios Notariales Q. C. $14.5 millones, de acuerdo con el Ministerio Público.
Según el documento judicial presentado ante el Tribunal Penal de Hacienda, presuntamente, ese dinero comenzó a ser distribuido entre los diversos funcionarios por la aprobación de la adjudicación de las líneas telefónicas.
La acusación hace referencia concreta a las fechas, cómo y a través de quienes se giraron dineros a funcionarios públicos.
Entre quienes, supuestamente, recibieron las comisiones se menciona al expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, al exdirectivo del ICE Joaquín Alberto Fernández y a Eliseo Vargas García, exdiputado y expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Además, figuran en la lista Guido Sibaja Fonseca y Rodrigo Méndez Soto, exfuncionarios del ICE.
Barrios, Quirós, Guardia y Valverde son señalados por el Ministerio Público como las personas encargadas de ofrecer las dádivas.
Juicios abreviados
En el camino entre los descubrimientos de los medios informativos y la Fiscalía, y la acusación de noviembre del 2008, tres de los 14 implicados iniciales en el caso ICE-Alcatel se sometieron a juicios abreviados.
Hernán Bravo Trejos (exmiembro de la junta directiva del ICE), Marlen Sibaja Fonseca y Leonel Miguel Barrios Arce fueron condenados a tres años de prisión y les dieron el beneficio de ejecución condicional de la pena por un período de tiempo igual.
Bravo aceptó haber recibido $1 millón en dádivas a cambio de aprobar el contrato de 400.000 líneas celulares y accedió a devolver ese monto, que se desglosó en $875.000 para el Estado y $218.000 para el ICE.
Barrios fue condenado por el delito de penalidad del corruptor por cohecho impropio en su forma de corrupción agravada. Devolvió $100.000 y dio un carro valorado en ¢16 millones.
Marlen Sibaja fue condenada por dos fraudes de simulación. En su contra no hubo acción civil.
Casos especiales
Otro imputado, José Antonio Lobo Solera, tiene la acción penal suspendida por un arreglo con el Ministerio Público.
Christian Sapsizian Auvignon, exvicepresidente de Alcatel para Latinoamérica no fue acusado aquí, pero se declaró culpable de pagar sobornos y fue condenado en Miami a 30 meses de prisión por conspirar para pagar dádivas a funcionarios ticos, a cambio del contrato de telefonía celular GSM para su empresa.