La Nación - Honduras

[Ediciones Anteriores] Lunes 9 de octubre, 1995
San José, Costa Rica






Centro América A portada Honduras


Obispo fustiga falta de demarcación fronteriza

Tegucigalpa. (AFP)
Un obispo Católico acusó ayer de "cobardía" al gobierno de Honduras al no impulsar la demarcación de la conflictiva frontera con El Salvador.

"A mi me parece cobardía de la presidencia de la república actual, de la anterior y de las fuerzas armadas de mi país que no se haya puesto mano al amojonamiento de la frontera", dijo el obispo de la occidental ciudad de Santa Rosa de Copán, Luis Santos.

El prelado aseguró que la población hondureña que habita en la zona fronteriza es asolada por bandas delictivas salvadoreñas, mientras los altos oficiales de Honduras están ocupados en negocios enriqueciéndose.

Una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de septiembre de 1992 delimitó las áreas en disputa de la frontera entre Honduras y El Salvador, quedando pendiente la demarcación. El preoceso de demarcación se estancó y recién en agosto comisiones de ambos países reanudaron los trabajos de señalización de la frontera en 20 ó 25 kilómetros de los 280 pendientes de amojonamiento, dijeron funcionarios hondureños. Comisiones de Honduras y El Salvador negocian la firma de un tratado que garantice los derechos de propiedad de los salvadoreños y el impulso sostenido de la demarcación.

El canciller hondureño, Delmer Pantig, al responder a Santos, dijo que "lamentablememte para demarcar la frontera se necesita la concurrencia de las dos partes. Honduras no puede demarcar unilaterlamente".

Santos dijo que la falta de demarcación ha ocasionado muertes, violaciones y robos ejecutados por bandas armadas salvadoreñas que afectan los poblados hondureños de la frontera. "Los asesinos y los violadores están asolando los pueblos de Honduras" ante la "negligencia y la dejades" del ejército de Honduras en la zona fronteriza con El Salvador, dijo el religioso.


Acusan a la policía de matar delincuentes en Honduras

Tegucigalpa. (AP)
La policía está involucrada en elasesinato de por lo menos 64 presuntos delincuentes en los dosúltimos años en Honduras, y el gobierno debe investigar el caso,dijo ayer el independiente Comité de Derechos Humanos (CODEH).

"El país no vivir en un estado de derecho si la policía sigue aplicando justicia por su propia mano", dijo el presidente del CODEH, Ramón Custodio, en una conferencia de prensa. Los cadáveres parcialmente decapitados de dos jóvenesaparecieron ayer en una plantación de caña en San Pedro Sula,ciudad a 200 kilómetros al norte de Tegucigalpa, con señales detorturas y haber sido maniatados, tras ser interceptados en unautomóvil por dos presuntos policías.

Los cuerpos de Denis Flores, de 13 años, y Carlos Arzú, de 17 presentaban heridas en el cuello al parecer causadas por un hacha, según las autoridades forenses. Asimismo, los cadáveres de otros cuatro muchachos de entre 16 y 22 años aparecieron el 17 de septiembre en varios puntos deTegucigalpa, baleados y torturados, después de ser arrestados por la policía.

Custodio ha denunciado que por lo menos 22 supuestosdelincuentes murieron misteriosamente en 1994 y que otros 44 fueron asesinados en lo que va de 1995 en el país. Señaló que "el comandante policial de Tegucigalpa, coronelDavid Abraham Mendoza, es sospechoso de cometer homicidio pordeclarar en público recientemente que actuaría por su propia cuenta en contra de los delincuentes de Honduras".

Mendoza ha aceptado que los jóvenes fueron capturados yencarcelados durante 24 horas el 15 de septiembre por tenerantecedentes criminales, pero el comandante nacional de la policía, coronel Roberto Lázarus, rechazó las acusaciones de Custodio.

Al respecto dijo que "la policía no está ajusticiando a loscriminales en Honduras... y las muertes de los cuatro muchachos es producto de una lucha por el poder de las bandas de criminales, organizadas y fuertemente armadas". Lázarus expresó que casi 100 pandillas juveniles armadas haninstalado su centro de operaciones en Tegucigalpa y "matan a losque invaden sus territorios".

Alrededor de 7.000 personas murieron y otras 3.799 resultaronheridas en 1994 a raíz de la delincuencia, que ha aumentado en más del 700 por ciento y afecta notoriamente la inversión extranjera en Honduras. La policía en Honduras es controlada desde 1963 por las fuerzas armadas.


Familiares de desaparecidos rechazan indemnizaciones estatales

Tegucigalpa. (AP)
El independiente Comité de Familiares de Desaparecidos (COFADEH) rechazó ayer una propuesta del presidente Carlos Roberto Reina y las iglesias de perdonar a los militares involucrados en la muerte de más de 184 personas en la década pasada en Honduras.

El COFADEH dijo en un comunicado que "nuestra única aspiración es castigar a los culpables que son prófugos de la guerra sucia que hubo en el país en los años 80". Criticó asimismo a Reina y a dirigentes católicos y evangélicos porque "imploran nuestro perdón sin hacer ellos actos de contricción, confesión pública de sus delitos, ni penitencia, ni voluntad de enmienda".

"El COFADEH no aceptar jamás indemnizaciones estatales por los desaparecidos, cuyo asunto es de responsabilidad penalimprescriptible, si previamente no se aplica justicia, ni secastiga a los culpables de esos crímenes", agregó. "Lasindemnizaciones sólo se aceptarán si van precedidas de justicia... y cualquier arreglo amistoso al respecto no debe ser visto como una solución, sino como un paso en el proceso". Reina anunció la semana pasada que gestiona ayuda financieraante la Organización de los Estados Americanos (OEA) paraindemnizar a los familiares de los desaparecidos en el país, luego de instar a los miembros del COFADEH a perdonar a los autores de los delitos.

"(Qué otra cosa se puede hacer ante esos hechos?", se preguntó el mandatario. "Lo único que puede hacer el sistema interamericano por los que han perdido su vida, es indemnizar a sus familiares". El arzobispo de Tegucigalpa y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, monseñor Oscar Andrés Rodríguez, sostuvo que "los familiares de los desaparecidos han desempeñado un papel muy importante en conservar su memoria, pero ya es hora de que den un paso hacia adelante... y otorgar su perdón".

"Esos familiares deben buscar reconciliarse con ellos mismos,estar en paz con sus familias, con Dios y la naturaleza... ycontribuir a la reconciliación nacional, tras perdonar a los quedesaparecieron a sus seres queridos", dijo. Por su parte, el pastor de la iglesia evangélica Vida Abundante, Evelio Reyes, indicó que "sólo el perdón har que losdesaparecidos descansen en paz porque la justicia sin perdón sepuede convertir en una venganza".

La fiscalía general acusó el 25 de julio a un primer grupo de 10 oficiales por capturar y torturar ilegalmente en 1982 a seisuniversitarios. Para esos delitos, la ley establece penas de cincoa 10 años de cárcel, sin pago de fianza. La fiscalía, además, ha anunciado que investiga a más de 100oficiales en puestos claves que podrían estar implicados en elcaso.

Un informe oficial, divulgado en diciembre de 1993, culpó alclandestino Batallón 316 de las fuerzas armadas por la desaparición de personas que comenzaron en Honduras en 1979, cuando gobernaba el general Policarpo Paz García, y se intensificaron de 1980 a 1989 durante los gobiernos liberales de Roberto Suazo Córdova y José Azcona Hoyo.

Entre las víctimas figuran 105 izquierdistas hondureños, 39nicaraguenses, 28 salvadoreños, cinco costarricenses, cuatroguatemaltecos y un norteamericano, un ecuatoriano y un venezolano.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, sentenció en 1986 a Honduras a indemnizar equitativamente con 176.000 dólares a la familia del dirigente universitario Angel Manfredo Vel squez y del maestro rural Saúl Godínez Cruz, desaparecidos y torturados por las autoridades en 1979 y 1980, respectivamente.


Miles de campesinos salvadoreños quieren la nacionalidad hondureña

Tegucigalpa. (AP)
Funcionarios hondureños y campesinossalvadoreños dijeron ayer que "miles" de salvadoreños que viven en la frontera est n dispuestos a aceptar la nacionalidad de Honduras.

El presidente de la Comisión de Soberanía y Fronteras deHonduras, Pedro Pineda Madrid, dijo a la AP que "el gobiernoespera expedir con prontitud la nacionalidad hondureña parafavorecer a gran cantidad de salvadoreños residentes en los límites del país".

Indicó que "los salvadoreños que decidan no optar a nuestranacionalidad residir n en la frontera como extranjeros y no podrán poseer tierras a 40 kilómetros de la línea común porque así lo establece la Constitución de Honduras".

El gobierno hondureño anunció el 20 de septiembre que podríaotorgar su nacionalidad a los salvadoreños que pasaron a Honduras. Por su parte, el presidente de la Comisión Jurídica Binacional, sección de Honduras, Ramón Valladares, dijo que "he sido informado que hay gran cantidad de salvadoreños que desean adoptar la nacionalidad hondureña... y existen zonas donde el 80 por ciento de sus habitantes pretenden ser hondureños".

"Los que rechacen ser hondureños y decidan permanecer enterritorio de Honduras ser n extranjeros residentes", afirmó. Valladares sostuvo que "las negociaciones para precisar lanacionalidad de los salvadoreños y sus derechos van despacio porque se estudia todo el problema en sí". Por mandato de los presidentes de ambas naciones, la ComisiónJurídica analiza desde junio un documento para establecer losderechos adquiridos por los salvadoreños y alrededor de 3.000hondureños que resultaron afectados por la sentencia dictada de La Haya.

El canciller Delmer Urbizo Panting expresó también que "lossalvadoreños que nacieron en territorio hondureño antes de la fecha del fallo son nacionales porque lo único que hizo la CorteInternacional de Justicia fue reconocer un territorio que Honduras siempre considero suyo".

"Ningún país puede imponer su nacionalidad. Por eso, elsalvadoreño que no quiera ser hondureño seguir siendo salvadoreño, pero deber gestionar su residencia en Honduras si desea continuar viviendo en nuestro país", subrayó.

"Estamos de acuerdo a optar por la nacionalidad hondureña",dijo en conferencia de prensa Pedro Amaya Hern ndez, un campesino salvadoreño de 56 años que habita en el ex bolsón fronterizo de Nahuaterique. Miles de campesinos salvadoreños quedaron en territorios deHonduras luego que la Corte Internacional de Justicia de La Hayadictó un fallo para resolver una antigua disputa territorialesentre los dos países. Desde el fallo en septiembre de 1992, los campesinossalvadoreños exigen la doble nacionalidad, según el gobierno de San Salvador, mientras el de Tegucigalpa insiste que la Constitución lo prohíbe.

El Salvador y Honduras tuvieron un litigio territorial, marítimo y terrestre desde 1571 por la jurisdicción de 419 kilómetros cuadrados que en julio de 1969 originó una cruenta guerra de 100 horas, con un saldo de 2.000 muertos por cada bando.

Los dos países firmaron la paz en octubre de 1980 cuandosometieron su antigua disputa a la Corte Internacional que, en una sentencia emitida en septiembre de 1992, cedió a Honduras el 60 por ciento de los territorios fronterizos y el resto a El Salvador.


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