En apenas 37 años, casi la tercera parte de la población costarricense será mayor de 60. Las implicaciones del dato para nuestra sociedad son extraordinarias. La presión sobre los regímenes de pensiones, los gastos médicos y la infraestructura necesaria para garantizar la vida digna del anciano son elementos de importancia en la futura configuración demográfica. La previsión no debe ser pospuesta.
El envejecimiento paulatino de la población ya comenzó. En sus albores, deja demostrada la falta de capacidad para absorber el impacto del cambio. El lunes 18 de marzo La Nación informó de la falta de espacio y financiamiento en los hogares de ancianos existentes, muy pocos para las necesidades actuales y nada en comparación con las exigencias del futuro.
El país puede estar orgulloso de sus logros en la tarea de alargar la expectativa de vida, pero falta asegurar la calidad de la existencia en la vejez. El aumento en la expectativa de vida y la baja en la natalidad trastoca la configuración demográfica para reducir la población económicamente activa, sobre cuyos hombros pesa la atención del creciente número de adultos mayores.
En eso consiste el desacierto de las iniciativas impulsadas cada cierto tiempo por quienes ambicionan establecer un retiro anticipado. La Caja Costarricense de Seguro Social, administradora del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), ya se queja del efecto financiero de las pensiones proporcionales, a cuyo abrigo los cotizantes pueden jubilarse antes de los 65 años, con una pensión menor.
El ahorro por la reducción de los pagos es solo aparente, porque muchos optan por el sistema, incrementan los egresos del régimen y dejan de hacerle aportes. El plazo del beneficio también se alarga, dada la extensión de la expectativa de vida y el retiro prematuro del trabajador. Los topes impuestos a las pensiones del IVM también le dan sentido financiero al retiro anticipado de personas con altos salarios, para quienes no es buen negocio esperar hasta los 65 años para comenzar a disfrutar de la pensión mínima.
El país no le ha dado pensamiento a su realidad demográfica futura, y nada lo prueba mejor que el mencionado manejo de las jubilaciones, diametralmente opuesto a las reformas ejecutadas en países más desarrollados, donde las preocupaciones versan sobre el aumento de la edad de retiro y, en algunos casos, el ajuste de los beneficios.
En esas naciones, el cambio demográfico es parecido, pero no la disponibilidad de recursos. Son mucho más ricos y, aun así, se han planteado en serio la posibilidad de no dar abasto para cumplir las expectativas de los pensionados y las necesidades de la vejez.
Costa Rica debe despertar del sueño de tantos años. La invitación la cursa una entidad autorizada, cuyas credenciales para el examen de los regímenes de jubilación no están en duda. La Superintendencia de Pensiones (Supén) cuestiona la suficiencia de los fondos del IVM más allá del 2027. En apoyo de esa tesis, señala que los ingresos del periodo actual apenas alcanzan para satisfacer el gasto.
Por eso plantea la necesidad de una discusión de grandes repercusiones políticas, dolorosa pero inevitable: si un nuevo estudio actuarial demuestra su tesis sobre el plazo de solvencia del régimen, es necesario estudiar la posibilidad de incrementar cotizaciones y reducir beneficios.
Paradójicamente, la única medida previsora adoptada por Costa Rica tras las reformas a los insostenibles regímenes especiales en la administración Figueres, peligra a la luz de la última interpretación de la Ley de Protección al Trabajador aprobada en el gobierno del ex- presidente Miguel Ángel Rodríguez.
A la luz de esa interpretación, hecha por el actual Gobierno con vista en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los regímenes voluntarios deben ser gravados con un 15%.
El impuesto estimula el retiro anticipado de los fondos, que deberían destinarse a llenar el vacío de las pensiones obligatorias. Una resolución del Tribunal Fiscal Administrativo rectifica en parte el desacierto al reconocer una exención para los retiros parciales o totales de fondos, pero la obligación de tributar se mantiene cuando el beneficiario compra un plan de beneficios, es decir, una pensión.
El desacierto no puede ser mayor. El Estado estimula el ahorro mientras no se utilice para la jubilación. Así desnaturaliza el objetivo de la ley aprobada hace más de una década. Está en manos de los diputados resolver el sinsentido mediante una interpretación auténtica, pero eso no eliminará la inclinación a no prever los riesgos del futuro, no importa cuán evidentes.