Washington. Aunque la mayoría de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) tenía los votos para dar por concluido ayer el proceso de reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los países del ALBA lograron imponerse y mantenerlo abierto.
Al borde de la medianoche, en medio de amenazas de Ecuador y Bolivia de retirarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) si su posición no era aceptada, los cancilleres del hemisferio prefirieron no realizar la votación.
En su lugar, negociaron una enmienda que permite “continuar con el diálogo sobre los aspectos fundamentales para el fortalecimiento”, con la cual dichos países no se retiran del SIDH.
No obstante, ahora todos los temas vuelven a la agenda de negociación de forma indefinida.
Esto es un triunfo para Ecuador, Bolivia, Venezuela y Nicaragua, que ganan valioso tiempo para continuar impulsando sus propuestas de reforma.
Durante los últimos dos años, estos países han promocionado, sin éxito, reformas que, a juicio de los comisionados de la CIDH y de expertos en derechos humanos, vendrían a debilitar la autonomía de esta y poner en riesgo la protección de los derechos humanos en el continente.
Ayer, en lugar de continuar insistiendo en dichas reformas, su estrategia fue sostener que hace falta mayor discusión. Tras la decisión de anoche, todos los temas vuelven a la agenda de diálogo.
Dos propuestas. La sesión de la Asamblea General fue presidida por el canciller costarricense Enrique Castillo, quien por varios años fue embajador del país ante la OEA.
Ayer, el debate giró entre dos propuestas de resolución. La principal diferencia entre ellas es que en la resolución apoyada por la mayoría los países se daban por satisfechos con las reformas que la misma CIDH recientemente aprobó y la instaba a continuar en su aplicación.
Por su parte, la versión que resultó aprobada por unanimidad le ordena al Consejo Permanente de la OEA continuar el diálogo “teniendo en cuenta todos los aportes” de los últimos dos años.
Para Camilo Sánchez, coordinador de Investigación del Centro de Estudios de Justicia de Colombia, esto se puede interpretar como el cierre de la primera etapa, y la siguiente no debe enfocarse en los puntos que ya fueron descartados en esta. Sin embargo, también puede interpretarse como que la discusión continúa simplemente considerando los “aportes” de la primera etapa.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, celebró a la salida de la sesión que la decisión fue por unanimidad y no con la salida de dos países del SIDH.
Agregó que la CIDH puede continuar en la aplicación de las reformas aprobadas hace algunos días, y que, su juicio, en adelante la polémica en torno a las reformas va a ser muy “atenuada”.
Consultado en una conferencia de prensa improvisada sobre los países que cedieron a la coerción de Ecuador y Bolivia, el canciller Castillo rechazó que la coerción fuera un factor. “Si un país se retira, es el que sale perjudicado”, dijo.
Ningún representante de la CIDH dio declaraciones anoche.
Unanimidad. Castillo intentó abrir espacio para el debate y para una última propuesta de enmienda de Argentina, con tal de evitar la votación. Aunque el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, inicialmente rechazó la propuesta, minutos después cambió de parecer. Castillo entonces dictó un receso de 10 minutos, tras el cual el diplomático ecuatoriano anunció que sí había unanimidad.
Aunque en un momento el canciller de Chile recordó que la resolución inicial limitaba la continuación del diálogo a observaciones al plan estratégico de la CIDH, Argentina eliminó esa condición de su enmienda y ningún país se opuso.
Otra enmienda impulsada ayer por el ALBA fue que la sede de la CIDH salga de Washington D. C., puesto que EE. UU. no ha firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y se ubique en uno que sí lo haya hecho.
Varios países propusieron que la nueva sede sea Costa Rica, puesto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra ubicada en San José. No obstante, esa enmienda no se aprobó.
Uno de los principales puntos de controversia a lo largo del proceso fue el financiamiento de la CIDH y sus relatorías especializadas. Ecuador proponía que el financiamiento proviniera únicamente de los países miembros de la OEA, aunque estos nunca han dado suficientes fondos para cubrir los gastos de la CIDH. Además, sin donaciones de terceros, algunos programas no existirían, entre ellos es la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, cuyo presupuesto proviene de donaciones de terceros.
No obstante, sobre este aspecto se llegó a un acuerdo y ambas alternativas de resolución invitaban a los Estados a lograr el pleno financiamiento, sin por ello impedir que terceros continúen haciendo contribuciones, “preferentemente” sin fines específicos.