Tienen conducta agresiva, adicción a las drogas y carecen de una familia que los reciba. Son adolescentes de entre 14 y 17 años de edad que, mientras cumplen una medida cautelar impuesta por un Juzgado, residen en un albergue del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), ubicado en San José de Alajuela.
Desde el fin de semana, estos menores han protagonizado diversos actos de violencia en esa comunidad. Sus fechorías afectaron seis buses de la empresa Transtuga S. A., cuyos vidrios fueron rotos con piedras lanzadas desde el muro del albergue.
Incluso, ayer, cuando un equipo de La Nación visitó el lugar, las piedras empezaron a llover sobre la carretera.
Esas, y otras actitudes, generaron el reclamo de los vecinos; empero, la situación de la cual se quejan no es nueva.
De acuerdo las autoridades del PANI, ese centro se habilitó en el 2006 con el fin de atender población vulnerable. Sin embargo, recientemente, el Juzgado Penal Juvenil les ha remitido casos de menores vinculados con delitos y con problemas psiquiátricos.
Iris Arias, jerarca del PANI, detalló que, actualmente, en el albergue hay 10 jóvenes. Además, hay otro centro para mujeres, en el que solo hay dos personas.
Según Arias, las dificultades surgen porque la entidad no cuenta con personal ni recursos para atender a ese tipo de población.
“Son enviados por el Juzgado Penal Juvenil porque tienen problemas conductuales, pero el PANI no es una cárcel, ni tiene el tipo de contención que se requiere”, manifestó Arias.
“Estos jóvenes, en su mayoría, tienen adicción a las drogas y estos son albergues abiertos, entonces ellos salen del albergue, van y venden lo que tienen para comprar drogas. Yo he coordinado con los ministros de Justicia y de Seguridad, porque creo que tenemos que sentarnos entre todos y definir cuáles con las competencias de cada uno”, agregó la funcionaria.
De acuerdo con Arias, el personal de ese centro son cuidadoras, trabajadoras sociales, y dos vigilantes. “Pero estos guardas están más para cuidar el inmueble, no son para el tipo de contención que se necesita ahí”, señaló.
Ayuda. Arias informó de que ella ha solicitado la colaboración de otras entidades. “Tuvimos una reunión con el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) para ver qué casos podían asumir ellos”, dijo.
Además, según comunicó, giró una instrucción para que no se reciban todos los casos “de oficio”.
“La directriz es que, antes de que los jóvenes ingresen, nosotros podamos oponernos, pero argumentando ante el juez o el fiscal (...). Para eso también está Adaptación Social, para cuando hay muchachos con algún tipo de comportamiento”, indicó la jefa del PANI.
Ada Luz Mora, directora nacional de atención a la población penal juvenil del Ministerio de Justicia, dijo que sostuvo una reunión con la jerarca del PANI para analizar la situación.
“El problema que afronta el PANI no es nuevo ni es a raíz del hacinamiento en las cárceles, el problema es que la población que se atiende ahora es diferente, los chicos son difíciles y requieren otras maneras de contención. Yo creo que hay que hacer una revisión del perfil de los muchachos que están ahí”, consideró Mora.
Agregó que las autoridades de Justicia están anuentes a dar capacitación a los funcionarios del Patronato sobre cómo atender estas situaciones. “Programamos una próxima reunión para el 22 de marzo”, dijo la funcionaria.
Doris Arias, magistrada de la Sala Tercera y coordinadora de la Subcomisión Penal Juvenil, también comunicó que participó en un encuentro con el PANI en el que se habló de la posibilidad de intervenir los albergues y de contratar personal especializado.