La reunión que, según se esperaba, acabaría en una negociación exitosa para garantizar la continuidad de los servicios en 45 Ebáis ubicados al este de San José terminó siendo un “sondeo” de posiciones entre la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Ayer por la mañana, mientras cientos de personas protestaban en San Pedro de Montes de Oca en contra del inminente cierre de los centros de salud, representantes de ambas instituciones, tras dos horas y media de reunión, no lograron limar las discrepancias sobre cuánto debe cancelar la Caja a la UCR por hacerse cargo de los Ebáis.
La cita se realizó en un edificio de la Universidad, en las cercanías de su complejo deportivo. El paradero de los negociadores se mantuvo en secreto hasta la finalización de la reunión.
Miguel Guzmán, asesor de la Rectoría de la UCR y quien estuvo en ese encuentro, dijo que las negociaciones avanzaron poco debido a que la Caja se niega a pagar los ¢157 millones mensuales de más del “costo real” que asume la UCR por dar los servicios en los Ebáis.
Por su parte, Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja, insistió en que no pueden cancelar un monto mayor del que dicta su propia estructura de costos.
Según dijo, un estudio determinó que los salarios de los funcionarios de la Universidad son entre un 20% y 55% más altos que el de un empleado de la CCSS que tiene el mismo puesto en un Ebáis controlado por la entidad.
Picado añadió que los beneficios laborales que otorga la UCR a sus funcionarios, elevan el costo de hacerse cargo de los Ebáis.
Tanto Guzmán como el representante de la Caja informaron de que la negociación se reanudaría hoy, pero bajo la condición de que ambas partes cumplan con un intercambio de información que se acordó en la cita de ayer.
Mientras no haya acuerdo, la UCR sigue analizando si sus 400 funcionarios terminarán, el viernes, labores en los 45 Ebáis.
De ocurrir eso, cerca de 168.000 asegurados de Montes de Oca, Curridabat y parte de La Unión se quedarán sin servicios médicos.
Uno de dos. El lunes, la Caja interpuso un recurso de amparo y una demanda ante un Tribunal Contencioso-Administrativo como medida desesperada para evitar que la Universidad deje los Ebáis antes de que se contrate a otro proveedor.
Hasta ayer en la tarde, el amparo estaba en estudio de admisibilidad, pero lo que sí se resolvió, en parte, fue la acción contenciosa.
El Tribunal notificó, al final de la tarde, a la UCR y a la Caja que, antes de resolver la demanda, la Universidad debe dar sus alegatos.
El plazo para ese requisito vence este viernes a las 9 a. m. La premura del caso haría que las medidas provisionalísimas que solicitó la Caja –entre ellas, que la UCR no pueda dejar los Ebáis– sean acogidas, o no, ese mismo día, pues está encima la Semana Santa y el fin del contrato.
Según informó la Universidad al respecto, “el Tribunal considera que esto (el alegato) es necesario porque los intereses públicos en juego son demasiado relevantes para tomar una decisión sin escuchar los alegatos de la UCR”.
Afectación por paro. La manifestación convocada por vecinos de los tres cantones en zozobra y organizaciones sociales reunió ayer, en el mejor de sus momentos, a más de 1.000 personas.
Entre ellos estaban gran parte de los funcionarios de la UCR que prestan servicios en los Ebáis.
Muchos aseguraron a este diario que no pudieron entrar a los centros de salud porque, al llegar por la mañana, les habían cambiado los candados; en otros casos, se obstruyó el llavín.
Los manifestantes se mantuvieron en San Pedro poco antes del mediodía y luego marcharon hacia la Caja, en la avenida segunda.
La marcha fue pacífica, pero provocó el caos vial entre el centro de San Pedro y la capital.