San José (Redacción). La comisión especial de Derechos Humanos aprobó esta mañana dos mociones que delimitan las opciones para que el Poder Ejecutivo declare como secreto de Estado, por vía de decreto, un proyecto o discusión.
Las mociones fueron presentadas por el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Juan Carlos Mendoza, y se incluyeron dentro del proyecto de ley de reforma a la Ley de Delitos Informáticos, conocida como “ley mordaza”.
Dicho expediente, dictaminado en esa comisión desde mediados de noviembre, aún no se ha puesto en discusión para votación definitiva en el Plenario de la Asamblea Legislativa.
Según lo aprobado, el artículo 295 del Código Penal establecerá (una vez que esté en vigencia la reforma) que se podrá declarar secreto de Estado asuntos relativos a la seguridad interna o externa de Costa Rica, la defensa de la soberanía nacional o las relaciones exteriores de nuestro país.
Además, el artículo 293 de la misma normativa establece las penas para la revelación de dichos secretos, que serán de uno a seis años de prisión. Pero cuando la manipulación de dicha documentación se dé por medios informáticos, la pena de cárcel será de dos a ocho años.
La intención del diputado es evitar que desde Casa Presidencial se puedan dar declaratorias de secreto de Estado demasiado abiertas, que tiendan a la limitación en el acceso a la información para los medios y en consecuencia los ciudadanos.