La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), creada para proteger a los ciudadanos de los abusos de sus Gobiernos, mira con profunda aprensión la próxima reunión de la Asamblea General de dicho organismo ante la eventualidad de que ella acuerde cercenamientos sustanciales a sus atribuciones, reduciéndola a una instancia sin alcances reales.
La referida cita, a realizarse el 22 de marzo en Washington, tiene la intención de poner fin a un proceso de más de un año de deliberación sobre el funcionamiento de la CIDH y, particularmente, de su Relatoría de Libertad de Expresión (RLE). De aprobarse las propuestas, esta sería la décima reforma adoptada por la Comisión desde su fundación en 1959. Sin embargo, a diferencia de las ocasiones previas, en este caso se trata de restarle facultades al ente.
A principios de esta semana, los Estados miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos se reunieron en Ecuador para “afinar” las propuestas que presentarán el viernes. Entre los ocho puntos que se acordaron, se hace alusión al financiamiento de las relatorías. Ello podría dar pie, por ejemplo, a que se elimine su capacidad de financiamiento externo, lo cual, en la práctica, recortaría los fondos de la RLE.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, por su parte, intervino en la reunión para pedir que se elimine la potestad de la CIDH para emitir medidas cautelares, pero no hubo consenso en este tema (al menos, no todavía).
Los intentos por recortar las facultades de la RLE, naturalmente, parten de los Gobiernos más restrictivos de la libertad de expresión y, en consecuencia, los más criticados en sus informes. En particular, Venezuela, Ecuador y Bolivia han sido elocuentes en esta cruzada.
El representante de Caracas en la OEA ha dicho que la CIDH “es un instrumento del imperio”, y el fallecido Hugo Chávez calificó al secretario ejecutivo de esta última en términos que no es del caso reproducir. El mandatario ecuatoriano ha señalado que la CIDH es “uno de los últimos vestigios del neoliberalismo de la región”. A su vez, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha declarado que la CIDH ve violaciones “únicamente en países que no comparten las políticas del Gobierno de Estados Unidos”.
Tales naciones han encontrado apoyo en un grupo de miembros de la OEA, incluyendo a Gobiernos que no pueden ser acusados de antidemocráticos, pero sobre los cuales la CIDH se ha pronunciado por diferentes motivos. Brasil, por ejemplo, fue objeto de una medida cautelar – no acatada por el Gobierno – para detener la construcción de una represa hidroeléctrica. Colombia también ha recibido dardos por sus conocidos problemas en materia de derechos humanos.
No puede decirse, pues, que la ofensiva contra la Comisión sea un castigo frente a un uso político de sus facultades. Acá aparecen Gobiernos de orígenes muy disímiles, unidos por un interés común: no estar sometidos a escrutinios externos por parte de organismos multilaterales.
No creemos que este sea un interés que puedan compartir los ciudadanos de las Américas. Y menos aún los de naciones que no cuentan con Estados de derecho consolidados, o separaciones reales de poderes con sistemas judiciales realmente independientes.
No se trata de idealizar al sistema interamericano de derechos humanos que, por cierto, ha trabajado internamente una propuesta de mejora en sus procedimientos. En el desempeño de sus delicadas labores es posible que este haya incurrido en errores. Sin embargo, gran parte de las acusaciones que se le hacen derivan de haber cumplido con su función: enfrentar los abusos que los Gobiernos han cometido y cometen contra las libertades ciudadanas, y en especial contra la libertad de prensa. Tal razón debería bastar para que todos los ciudadanos latinoamericanos sepamos lo mucho que nos jugamos en su defensa.
Ante las amenazas, los periódicos que integran el Grupo de Diarios de América (GDA) han decidido pronunciarse con una sola voz para decir que el sistema interamericano de protección de derechos humanos es un patrimonio del hemisferio, resultado de una obra colectiva de más de seis décadas. Esta organización, nacida hace 21 años para promover la calidad periodística y defender la libertad de expresión en la región, se siente en la necesidad de dar un apremiante llamado de alerta. Reconocemos, además, que la CIDH ha sido igualmente firme para criticar lo que sucede en la cárcel de Guantánamo o el maltrato a los migrantes en Estados Unidos como para cuestionar las violaciones de derechos humanos y el abuso de poder en Venezuela, Ecuador o Argentina con mecanismos tendientes a asfixiar a la prensa independiente.
Nuestra voz se suma a las de miles de víctimas, académicos, escritores y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Reducir la autonomía de la CIDH, quitarle posibilidades para que pueda financiarse y operar de manera independiente, no favorece a las personas ni a nuestras democracias.
En tal sentido hay que hacerles un llamado firme a las 34 naciones presentes en la OEA para impedir que un organismo fundamental quede debilitado. Las capitales de las Américas están llamadas a demostrar su verdadero talante y su compromiso real con valores universales que separan la barbarie de la civilización.