La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) despidió sin responsabilidad patronal al director del Hospital de San Carlos y a otros dos médicos por una cirugía plástica que se le practicó en dicho centro a la “conviviente” del primero.
A la mujer se le realizó un aumento mamario, liposucción abdominal y una plastía (corrección) de cicatriz.
Los sancionados son Alejandro Álvarez Mora, director del Hospital, un anestesista de apellidos Orozco Canossa y un cirujano de apellidos Canossa Montes de Oca. Sus despidos se encuentran en la etapa ejecutoria.
La intervención se realizó en marzo del 2007, pero no fue hasta las últimas semanas de febrero pasado cuando el proceso interno llegó a la instancia final.
El caso se detalla en un informe elaborado por el Centro para la Instrucción de Procesos Administrativos (CIPA), del cual este diario tiene copia.
La indagación demostró que la mujer operada, de apellidos Céspedes Fernández, no tenía ningún padecimiento que justificara una cirugía como la que se le hizo.
Al respecto, el estudio señala que la CCSS no realiza cirugías plásticas para fines estéticos y solo las hace por asuntos reconstructivos o de funcionalidad.
La relación sentimental de la mujer con el director médico fue corroborada por el órgano director que hizo la investigación, apoyado también en testimonios de funcionarios del Hospital de San Carlos.
El CIPA también comprobó una serie de faltas a los reglamentos de la institución con el fin de llevar a cabo la operación estética.
Los despidos los confirmó a La Nación la presidenta ejecutiva de la Caja, Ileana Balmaceda.
Se intentó obtener la reacción del director Álvarez Mora. En una conversación con un periodista de este diario, indicó que preguntaría a su abogado sobre la conveniencia de dar declaraciones.
No obstante, luego de ese contacto no se pudo hablar más con el funcionario. Tampoco se logró localizar al anestesiólogo Orozco ni al cirujano Canossa.
Hallazgos. El caso en sí involucró a un total de ocho funcionarios del hospital, aunque solo contra tres se dictó el despido.
Como “hechos probados”, el informe del CIPA detalla que la amiga del director médico estrenó expediente en el hospital sancarleño solo seis días antes de la cirugía.
En ese expediente, se indicó primero que la paciente recibiría una cirugía ambulatoria.
Por otra parte, se determinó que la mujer fue ingresada al centro sin tener siquiera la hoja de admisión.
Luego de la cirugía, la amiga del director estuvo internada dos días en un salón para ella sola y con potestad para estar siempre acompañada de dos personas.
Las faltas de los tres médicos despedidos fueron consideradas como de “naturaleza grave”. Sus salidas se ejecutarían luego de la etapa recursiva, dijo Balmaceda.
La Caja también le cobraría a los galenos cerca de ¢1,3 millones por responsabilidad patrimonial.