Uno de cada cinco jóvenes que trabaja en nuestro país carece de seguridad social.
En general, como sucede con la pobreza y otros indicadores sociales, los cantones periféricos tienen mayor problema de informalidad.
En los cantones de la zona norte como La Cruz, Los Chiles, Upala y Guatuso, casi la mitad de los trabajadores de entre 15 y 24 años no tienen seguro, de acuerdo con datos del Censo 2011.
La informalidad en los jóvenes es más alta que el porcentaje nacional, el cual alcanza un 15%.
Los muchachos que trabajan sin seguro, y no tienen cobertura por otras vías, enfrentan grandes riesgos pues si se enferman no les pagan por incapacidad y si acuden a los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) alguien debe pagar el costo. Tampoco cotizan para tener una pensión en caso de sufrir alguna discapacidad o cuando lleguen a su vejez.
Minerva (se protege su identidad), una joven de 21 años quien laboraba sin seguro social en la zona norte, cuenta que cada vez que se enfermaba por una gripe tenía que comprar los medicamentos y si necesitaba atención médica tenía que pagar hasta ¢30.000 por la consulta.
Este mundo es muy diferente al del 78% de los jóvenes trabajadores que tienen seguro social, quienes sí cuentan con servicio de farmacia, atención médica, asistencia hospitalaria, servicio de laboratorio, entre otros; además prestaciones en dinero y acceso a programas de asistencia social, según explicó Odilie Arias, directora de la Dirección de Inspección de la CCSS.
Además, añadió Arias, se acreditan a sus cuentas individuales los aportes mensuales al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte que servirán para la consolidación de un futuro derecho a pensión, y se recaudan a favor de los trabajadores los fondos establecidos por la Ley de Protección al Trabajador, régimen de pensión complementaria y fondo de capitalización.
Para Juan Diego Trejos, investigador del mercado laboral de la Universidad de Costa Rica, una de las razones por las cuales la informalidad en los trabajadores jóvenes es mayor radica en que el sector informal es una puerta de entrada al mercado de trabajo y por ahí transita la mayoría de los jóvenes que buscan sus primeros puestos y no cuentan con el capital humano (conocimientos) necesario para una mejor inserción.
“También, mucho del empleo que desarrollan es en la forma de familiares no remunerados (laboran para familiares), y si lo hacen como asalariados, por la edad, pueden aún ser cubiertos como familiares de asegurados. Finalmente, las empresas tienden a no asegurar a los trabajadores nuevos desde el inicio y ello incide en mayor medida en esta población”, añadió Trejos.
Altas multas a patronos. Los patronos que no aseguran a sus trabajadores enfrentan fuertes castigos, explicó Arias.
Primero, deben pagar todos los gastos en que incurra la Caja por atender a su trabajador.
“El patrono que no paga el seguro, sea porque se encuentra moroso o no aseguró oportunamente a sus trabajadores, deberá responder íntegramente por todas las prestaciones y beneficios (servicios médicos, pago de subsidios, por ejemplo) que la Caja deba otorgar a los trabajadores a su cargo”, detalló Arias.
Además, el que no inscriba en planilla a sus trabajadores dentro de los ocho días hábiles siguientes al inicio de la actividad se expone a una multa equivalente al 5% del total de los salarios, remuneraciones o ingresos omitidos.
Incluso, los patronos que están registrados en la Caja, pero no incluyen en sus planillas a uno o varios de sus trabajadores, o incurran en falsedades en cuanto al monto de sus ingresos brutos, son sancionados con una multa equivalente a cinco salarios base de un oficinista del Poder Judicial (¢1.897.000) y además debe pagar los gastos que le genere el proceso judicial.