Las juntas que administran los fondos de escuelas y colegios deberán entregar reportes trimestrales de gastos, según el nuevo reglamento que alista el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Solo para este año, esos órganos manejarán un total de ¢146.000 millones destinados a comedores estudiantiles, transporte, infraestructura y gastos operativos como agua, luz y teléfono.
Ese monto es casi el doble del fideicomiso educativo aprobado ayer en segundo debate en el Congreso, para construir 79 escuelas y colegios y 24 canchas multiuso .
Los recursos se distribuyen según el tipo el centro educativo y número de estudiantes. Así, mientras el colegio técnico con el mayor presupuesto recibe ¢145 millones este año, la escuela unidocente con el menor presupuesto apenas contará con ¢85.000.
La normativa, que saldrá a consulta a finales de marzo, también aclara las responsabilidades y sanciones, no solo de los miembros de las juntas de Educación o Administrativas, sino también de los directores de los centros y supervisores regionales.
La intención de los cambios es subsanar debilidades señaladas por la auditoría del MEP, el Estado de la Educación y la Contraloría General de la República (CGR).
Esta última ha hecho varias llamadas de atención al MEP por la falta vigilancia de los dineros que se giran, débil seguimiento de obras , e insuficiente planificación de proyectos.
Actualmente existen en el país 3.721 Juntas de Educación, a cargo de los recursos de escuelas primarias, y 641 Juntas Administrativas, responsables de los presupuestos de secundarias.
Según reconoció el viceministro de Planificación Institucional, Mario Mora, el MEP canaliza los recursos desde los distintos programas sin articular los procesos o “marcar las canchas”.
“Tenemos dependencias que piden reportes cada tres meses, otras cada seis, otra que no pide y otra más que pide cuando quiere. Estas son situaciones que a veces hacen que la gente de las juntas quiera salir corriendo”, dijo Mora.
“Estamos alineando la programación financiera con los reportes para que los giros se hagan trimestralmente, al igual que los reportes a todas estas unidades que generan planillas”, agregó.
Por otro lado, resaltó la importancia de definir con mayor claridad qué ocurre cuando las personas vinculadas a las juntas incumplen con sus deberes.
“Hoy existen dificultades para quitar una junta donde hay información sobre malos manejos porque no existe un procedimiento. Quedará claramente identificado que la supervisión va tener un papel fundamental”, dijo Mora.
El cambio en el reglamento viene a consolidar el “trabajo hormiga” de los últimos años, el cual incluye la disolución de las juntas cantonales, y la eliminación de la figura de contadores por inopia.
Sin embargo, miembros de juntas consultados por este diario dijeron tener preocupaciones sobre estas nuevas medidas.
“Aplaudo que se quieran uniformar criterios, pero tiene que ir de la mano con la dotación de recursos para que las juntas puedan hacerle frente”, indicó Heiner Méndez, de la Junta de Educación de San José.
Además, cuestionó la viabilidad de que el Ministerio sancione a quienes no son sus subalternos.
Allan Castro del CTP de Quepos señaló que muchas veces estos órganos incumplen por entrabamientos del propio Ministerio.
Municipalidades. Como parte del reglamento, el MEP también pretende dejar claro que las juntas, pese a ser nombradas por los concejos municipales, son órganos bajo el ámbito de acción del Ministerio.
Con ello, pretenden evitar que los ayuntamientos se aparten de las ternas presentadas por el MEP para la conformación de las juntas. “Hay que eliminar algunas tentaciones o malas interpretaciones de que la junta responde a directrices de la municipalidad”, dijo Mora.
Rolando Rodríguez, presidente de la Unión de Gobiernos Locales, opinó que los municipios deben normar el tema con reglamentos propios. “Hay que tener claro que puede eventualmente existir una contraposición entre el reglamento que ellos pretenden y el Código Municipal”, señaló Rodríguez.
Por ello, hizo un llamado al MEP para conformar una comisión para estudiar las directrices, antes de ponerlas en consulta.